La defensa de David Sánchez recurrirá la condena de nueve años de inhabilitación por prevaricación

La representación jurídica de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha confirmado que recurrirá la sentencia de la Audiencia de Badajoz que le condena a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. El fallo judicial le sitúa como cooperador necesario en un delito de prevaricación administrativa relacionado con su desempeño profesional en la Diputación de Badajoz.

El letrado Emilio Cortés, responsable de la defensa, ha manifestado su intención de presentar un recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX). Para este trámite procesal, la defensa dispone de un plazo máximo de diez días naturales, una vez notificada la resolución de la Sección Primera de la Audiencia pacense.

La condena se fundamenta en las irregularidades detectadas en el cambio de nomenclatura y condiciones de la plaza que ocupaba Sánchez en la institución provincial. El puesto, originalmente denominado «coordinador de conservatorios», fue transformado en el de «jefe de la Oficina de Artes Escénicas», una modificación que el tribunal considera determinante para la configuración de sus responsabilidades institucionales.

En el cuerpo de la sentencia, los magistrados argumentan que este cambio supuso una «transformación sustancial del puesto adjudicado como personal de Alta Dirección». Según el criterio judicial, la maniobra permitió suprimir la incompatibilidad del cargo con el propósito de «adaptarla a las apetencias personales» del investigado, lo que invalida la neutralidad administrativa requerida en el sector público.

A pesar del anuncio del recurso, la defensa ha optado por no detallar por el momento los términos técnicos bajo los cuales sustentará la impugnación. El caso, que mantiene su relevancia en el ámbito de la transparencia y la gestión de las corporaciones locales, queda ahora a la espera del pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia autonómico, que deberá ratificar o rectificar la pena impuesta por la Audiencia de Badajoz.