La FAI cifra en cerca de 6.000 las operaciones de alquiler afectadas por los recientes cambios normativos
La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) ha alertado sobre las consecuencias inmediatas de los últimos decretos en materia de vivienda, señalando que un 88,9 % de las agencias inmobiliarias ha registrado incidencias en el mercado del alquiler. Según un estudio realizado entre más de 600 agencias en las principales capitales del país, en apenas diez días se han visto afectadas un total de 5.758 operaciones, derivando principalmente en la retirada de inmuebles del mercado residencial habitual.
El informe técnico detalla que la consecuencia más extendida es el cese del arrendamiento convencional, reportado por el 78,1 % de las entidades encuestadas. Este fenómeno ha supuesto una media de 3,78 viviendas retiradas por agencia. Paralelamente, un 72,4 % de los profesionales del sector constata una paralización en la firma de nuevos contratos, lo que se traduce en un promedio de 2,75 firmas bloqueadas por cada oficina inmobiliaria.
Además de la paralización de firmas, el estudio identifica un trasvase de activos hacia otros mercados. El 56,6 % de las agencias confirma que parte de la oferta se está redirigiendo hacia la compraventa, mientras que un 38,9 % observa un desplazamiento hacia modalidades de alquiler de temporada o por habitaciones. En términos cuantitativos, los primeros diez días tras la aplicación de las nuevas normativas arrojan un saldo de 2.067 viviendas retiradas, 1.224 puestas a la venta y 944 desviadas a usos alternativos.
Ante esta coyuntura, la federación estima que el volumen de operaciones de alquiler podría experimentar una caída de entre el 25 % y el 30 % durante las próximas semanas. Esta previsión se fundamenta tanto en la desincentivación de los propietarios como en la incertidumbre jurídica que, según la FAI, está provocando que miles de familias vean retrasado o cancelado su acceso a una vivienda estable.
José María Alfaro, presidente de la FAI, ha manifestado su preocupación por el uso de la Diputación Permanente para legislar sobre un mercado que califica de «al límite». Alfaro sostiene que las soluciones parciales y precipitadas incrementan la presión sobre el sector y no protegen suficientemente a los pequeños propietarios, a quienes define como la parte más vulnerable de la oferta. En este sentido, la organización aboga por la implementación de un Plan Marshall de Emergencia basado en un pacto de Estado que involucre a fuerzas parlamentarias, autonomías y expertos del sector, con el fin de garantizar la estabilidad habitacional.
