El Defensor del Pueblo admite a trámite la queja de las asociaciones militares por la situación en Ceuta
El Defensor del Pueblo ha iniciado actuaciones formales tras admitir a trámite la queja interpuesta por las asociaciones profesionales Asociación Profesional de Suboficiales (Asfaspro), la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y la Unión de Militares de Tropa (UMT). La reclamación se centra en la situación de desprotección que, según el colectivo, atraviesa el personal desplegado en la ciudad autónoma de Ceuta a raíz de los episodios de presión migratoria ocurridos los pasados 30 y 31 de julio.
La institución dirigida por Ángel Gabilondo ha procedido a la apertura del expediente tras constatar que la solicitud reúne los requisitos constitucionales pertinentes. La adjunta primera del Defensor del Pueblo ha comunicado oficialmente la incoación de actuaciones ante la Subsecretaría del Ministerio de Defensa, fundamentando la intervención en el artículo 54 de la Constitución Española y la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo.
El núcleo de la queja reside en la falta de seguridad física y jurídica del personal militar que presta servicio en las calles y en el perímetro fronterizo ceutí. Las asociaciones denunciantes sostienen que la tensión operativa de las últimas semanas ha puesto de manifiesto graves carencias en los medios y protocolos asignados a los efectivos sobre el terreno, exponiéndolos a riesgos sin la cobertura institucional necesaria.
Entre los puntos críticos señalados en el documento admitido a trámite se encuentran las agresiones sufridas por los militares, la ausencia de protocolos de actuación claros y la falta de medidas de prevención de riesgos laborales ante posibles contingencias sanitarias. Asimismo, las organizaciones han expresado su preocupación por la seguridad de los datos identificativos del personal y de sus familias, solicitando medidas para evitar posibles señalamientos o represalias.
Asfaspro, AUME y UMT han manifestado que no es admisible que los soldados continúen encadenando servicios de máxima exigencia sin que el Ministerio de Defensa proporcione instrucciones claras y reglas operativas que otorguen plena cobertura legal y funcional. En este sentido, reclaman una dotación urgente de medios de protección individual adecuados frente a ataques físicos y protocolos preventivos específicos para el contacto con enfermedades transmisibles.
Con la admisión de esta queja, el Defensor del Pueblo supervisará la actuación de la Administración General del Estado para determinar si se han vulnerado los derechos del personal militar y si las condiciones de servicio en la frontera sur cumplen con los estándares de seguridad y protección exigidos por la normativa vigente.
