sábado, octubre 17, 2026
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Defensor del Pueblo recurre al TC el voto por la Ley de Nietos

El Defensor del Pueblo recurre al Constitucional para garantizar el voto de los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que solicita la adopción de medidas cautelarísimas para garantizar el derecho al sufragio de los ciudadanos españoles nacionalizados bajo la Ley de Memoria Democrática. La iniciativa busca revertir la reciente interpretación del Tribunal Supremo que mantiene suspendido el derecho al voto de este colectivo de cara a los próximos procesos electorales.

La decisión de Gabilondo se produce tras analizar el auto dictado el pasado lunes por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. En dicha resolución, el Alto Tribunal confirmó la suspensión del derecho al voto para las personas que han adquirido la nacionalidad española a través de la mencionada normativa, impidiéndoles, por el momento, ejercer el sufragio activo en las elecciones generales.

El recurso institucional responde a las numerosas solicitudes de amparo recibidas en la oficina del Defensor del Pueblo por parte de particulares y diversas entidades sociales. Estas peticiones instaban a la institución a intervenir ante el tribunal de garantías para proteger lo que consideran una vulneración de un derecho fundamental inherente a la condición de ciudadano nacionalizado.

A través de esta vía jurídica, la Defensoría del Pueblo solicita que el Tribunal Constitucional se pronuncie con urgencia sobre la interpretación normativa del Supremo. El objetivo primordial es que se suspendan los efectos de la resolución judicial previa y se permita a los ciudadanos afectados su inscripción y participación efectiva en las urnas, conforme a los principios de igualdad y participación política recogidos en la Constitución Española.

El caso, que se encuentra ahora en manos del tribunal de garantías, determinará el alcance de los derechos políticos de los descendientes de exiliados y otros beneficiarios de la Ley de Memoria Democrática que han obtenido la nacionalidad en los últimos meses, estableciendo un precedente sobre la plena integración de estos ciudadanos en el censo electoral.

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