El Defensor del Pueblo constituye la Unidad de Víctimas para la reparación de abusos en el ámbito de la Iglesia
La institución del Defensor del Pueblo ha formalizado la constitución de su Unidad de Víctimas, un órgano técnico integrado por 16 profesionales independientes encargados de evaluar las solicitudes de reconocimiento y reparación de personas que sufrieron abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. Esta medida da cumplimiento al Protocolo firmado el pasado 30 de marzo entre el Gobierno de España, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) y la propia institución dirigida por Ángel Gabilondo.
La unidad multidisciplinar está compuesta por expertos en victimología, psicología, criminología y diversas áreas del Derecho. Entre sus funciones principales destaca la evaluación individualizada de cada caso y la elaboración de propuestas de valoración que determinen tanto la condición de víctima como las medidas de reparación pertinentes. El equipo incluye a perfiles de alto nivel académico y profesional, como catedráticos de Derecho Administrativo, Penal y Constitucional, fiscales, psicólogos forenses y especialistas en atención a víctimas de violencia sexual.
El sistema de reparación, que inició su operatividad técnica el pasado 15 de abril, contempla medidas de carácter simbólico, restaurativo y económico. Las indemnizaciones financieras se calcularán en función de la gravedad del abuso, el daño provocado y los gastos derivados de tratamientos físicos o psicológicos. Según detalla el protocolo, estas compensaciones tendrán en cuenta si los afectados han percibido previamente otras ayudas en el marco de modelos de reparación impulsados de forma independiente por la Iglesia.
El proceso administrativo involucra a diversas instituciones bajo un esquema de colaboración coordinada. Mientras que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha habilitado una Unidad de Tramitación para la recepción de solicitudes, el Defensor del Pueblo asume la carga evaluadora. Por su parte, la CEE y la CONFER participarán a través de la Comisión Asesora PRIVA, que emitirá informes preceptivos y motivados sobre cada propuesta de valoración emitida por la Unidad de Víctimas.
Para garantizar el consenso en los casos donde existan discrepancias entre la valoración técnica y el criterio de la Iglesia o de la propia víctima, se ha creado una Comisión Mixta. Este órgano paritario estará compuesto por nueve miembros representantes de todas las instituciones firmantes y de las asociaciones de víctimas, con el objetivo de alcanzar resoluciones unánimes sobre el reconocimiento de los daños y las indemnizaciones correspondientes.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha subrayado que la selección de los expertos busca garantizar un trabajo «serio y riguroso» que priorice la dignidad y la memoria de los afectados. El titular de la institución destacó que el procedimiento ha sido diseñado para ser flexible y humano, alejándose de una tramitación puramente burocrática para centrarse en la recuperación integral de la persona y la reparación efectiva de las secuelas sufridas.
Entre los nombres que integran esta unidad figuran especialistas de reconocido prestigio como Xabier Arzoz Santisteban, Noemí Pereda Beltrán, Josep María Tamarit Sumalla y Gema Varona Martínez, entre otros. La coordinación de la unidad recae en Antonio Fernández Barba, mientras que la dirección administrativa será asumida por Antonio Mora Lladó, jefe del Servicio de Estudios y Documentación del Defensor del Pueblo.
