El Ejecutivo venezolano anuncia la creación de una jurisdicción especial tras el sismo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este martes sobre la solicitud formal ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para la creación de una jurisdicción especial destinada a gestionar asuntos civiles de propiedad e identidad. Esta medida surge como respuesta institucional tras el doble terremoto registrado en el norte del país, el cual ha dejado un saldo oficial de más de 5.500 personas fallecidas.

La nueva instancia judicial tendrá como objetivo prioritario la protección jurídica de las familias afectadas por el desastre natural. Según detalló la mandataria a través de canales oficiales, la jurisdicción abordará con celeridad los trámites vinculados a la titularidad de inmuebles y la regularización de la identidad, permitiendo que los ciudadanos que perdieron sus viviendas mantengan plenamente sus derechos sobre los terrenos afectados.

Además de los derechos de propiedad, la administración ha precisado que este tribunal especializado tendrá competencia sobre los efectos civiles derivados de las víctimas fatales. Esto incluye la gestión de asuntos sucesorales y herencias, buscando agilizar los procesos legales en un contexto de emergencia nacional.

En el ámbito económico, Rodríguez anunció la implementación de un plan de subsidios para la adquisición de viviendas en el mercado secundario a través del denominado Fondo Venezuela Renace. El esquema de financiamiento establece que para inmuebles con un valor de hasta 70.000 dólares, el Estado cubrirá el 80% del costo, mientras que el 20% restante será gestionado mediante créditos a 25 años.

Para aquellas viviendas valoradas entre 70.000 y 100.000 dólares, el fondo estatal proporcionará un subsidio del 50%. El porcentaje restante se cubrirá bajo las mismas condiciones crediticias de largo plazo. El Ejecutivo subrayó que estas medidas forman parte de la estrategia de reconstrucción y recuperación nacional para garantizar el acceso a la vivienda de los damnificados.

Con estas disposiciones, el Gobierno de Venezuela busca centralizar la respuesta administrativa y legal ante el impacto del sismo, asegurando la continuidad de los derechos civiles de la población afectada mientras avanza el proceso de reconstrucción de las zonas urbanas damnificadas.