La Delegación del Gobierno rechaza el desalojo de la acampada en Sol por motivos de seguridad
La Delegación del Gobierno en Madrid ha manifestado su oposición formal a la solicitud de la Comunidad de Madrid para disolver la acampada instalada en la Puerta del Sol. La institución sostiene que el levantamiento forzoso del asentamiento podría generar perjuicios mayores para la seguridad ciudadana que los beneficios derivados de su retirada inmediata.
Esta postura se recoge en el escrito de oposición a las medidas cautelares reclamadas por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. La administración regional había interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la Delegación del Gobierno, alegando una presunta «inactividad» de la autoridad estatal ante la protesta por la vivienda que se desarrolla frente a la sede de la Presidencia autonómica.
La Abogacía del Estado, en representación de la Delegación, ha remitido sus argumentos a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Según el documento, se considera que la intervención no es la opción más adecuada en este momento, dado que el uso de la fuerza podría desencadenar incidentes violentos en un espacio de alta concurrencia.
El escrito jurídico advierte que las «medidas de compulsión física sobre las personas acampadas» necesarias para el desalojo podrían derivar en situaciones de peligro físico para los manifestantes, los viandantes y los efectivos policiales. Asimismo, el informe señala el riesgo que una intervención de esta naturaleza supondría para la integridad de los edificios protegidos y el mobiliario urbano del entorno.
La Comunidad de Madrid fundamenta su petición en la afectación que la protesta genera en el entorno institucional de la Real Casa de Correos. Sin embargo, la Delegación del Gobierno prioriza el principio de proporcionalidad, evitando acciones que puedan escalar la tensión en la vía pública mientras se resuelve el fondo del recurso interpuesto.
Con la presentación de estas alegaciones, queda ahora en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid determinar si procede la medida cautelar de desalojo solicitada por el Gobierno regional o si, por el contrario, se mantiene la situación actual hasta que exista un pronunciamiento judicial definitivo sobre la legalidad de la permanencia de la acampada.
