Una coalición de doce estados demanda para bloquear la fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery
Una coalición integrada por doce estados de Estados Unidos ha presentado una demanda ante un tribunal federal de California con el objetivo de frenar la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance Corporation. La operación, valorada en 110.000 millones de dólares, es cuestionada por los demandantes bajo el argumento de que vulnera las leyes antimonopolio vigentes en el país, específicamente la sección 7 de la Ley Clayton.
La querella sostiene que la integración de ambas compañías resultaría en un acuerdo empresarial que limita la competencia de manera significativa. Según los fiscales generales involucrados, la fusión otorgaría a la entidad resultante el control de aproximadamente el 27% del mercado de distribución cinematográfica y más del 30% en el segmento de grandes estrenos taquilleros. Asimismo, la demanda advierte sobre una mayor concentración de poder en el sector de los canales de televisión por cable básico.
El fiscal general de California, Rob Bonta, quien lidera la acción legal, manifestó que la unión de estos dos actores del entretenimiento podría derivar en un incremento de precios para los consumidores, así como en una reducción de la calidad y el volumen de los contenidos disponibles. A la iniciativa se han sumado los fiscales de Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Washington, quienes buscan proteger los intereses de los espectadores y de la industria de exhibición cinematográfica.
Esta acción legal surge a pesar de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) otorgó su aprobación a la compra el pasado mes de junio. Tras una investigación de ocho meses, el organismo federal determinó que la transacción no afectaría negativamente la competencia en los mercados de streaming y producción. Por el contrario, el DOJ argumentó que la fusión podría fortalecer la capacidad de la nueva empresa para competir frente a los actores dominantes en el entorno de los medios digitales.
Mientras el proceso judicial avanza en los tribunales estadounidenses, la operación continúa bajo el escrutinio internacional. La Unión Europea mantiene abierta su propia revisión regulatoria para evaluar el impacto del acuerdo en el mercado comunitario, habiendo fijado el 22 de julio como fecha límite provisional para emitir una resolución sobre el caso.
