La Justicia imputa a Demian Riedel por el presunto uso irregular de fondos públicos en Nucleoeléctrica

El fiscal federal Ramiro González ha imputado formalmente este viernes a Demian Riedel, exasesor presidencial y exdirector de Nucleoeléctrica Argentina S.A., por la presunta comisión de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y malversación de fondos públicos. La investigación se centra en el supuesto uso de tarjetas de crédito corporativas de la empresa estatal para el pago de gastos personales no vinculados a la actividad institucional.

La apertura de la causa judicial se produce tras la difusión de un anexo en el informe de gestión presentado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante el Congreso de la Nación. De acuerdo con el dictamen del fiscal, los registros financieros bajo análisis detallan erogaciones que, prima facie, resultarían ajenas al objeto social de la compañía estratégica encargada de la generación de energía nucleoeléctrica en el país.

Entre los movimientos detectados en los resúmenes de cuenta figuran consumos realizados en discotecas de Madrid, servicios de playa en Valencia, así como pagos en peluquerías y establecimientos de indumentaria femenina. La documentación aportada al Poder Legislativo abarca un periodo de casi un año e incluye fechas precisas, descripciones de las operaciones e importes que habrían sido abonados con recursos del erario público.

El fiscal González destacó en su requerimiento que la documentación inicial no identifica con claridad al usuario responsable de cada operación individual. Esta circunstancia ha llevado al Ministerio Público a no descartar la implicación de otros funcionarios o personal con acceso a tarjetas adicionales, por lo que se ha solicitado una pericia integral sobre el manejo de estos instrumentos financieros en la entidad.

Ante la trascendencia de los hechos, Riedel se pronunció a través de sus redes sociales negando las acusaciones de manera tajante. El exdirector de Nucleoeléctrica calificó la difusión de los datos como una acción de «mala fe» y aseguró que sus resúmenes de tarjeta corporativa no muestran gastos personales. Asimismo, instó a las autoridades a investigar la totalidad de los movimientos financieros para deslindar su responsabilidad en el caso.

El proceso continuará con la recolección de pruebas adicionales para determinar si existió un perjuicio patrimonial efectivo contra el Estado y definir la situación procesal de los involucrados en el marco de la normativa vigente sobre ética en el ejercicio de la función pública.