Democracia 21 propone una reforma para profesionalizar la alta administración con mandatos de cuatro años
La formación política Democracia 21, liderada por Miriam González, ha incluido en su programa electoral para los comicios del 29-N una propuesta legislativa destinada a profesionalizar la Administración General del Estado (AGE). El plan, diseñado por el diplomático Juan González-Barba, busca garantizar que los cargos de directores y subdirectores generales se rijan por los principios de igualdad, mérito y capacidad, estableciendo mandatos fijos de cuatro años para evitar el cese discrecional ante cambios de titularidad en los ministerios.
La iniciativa legislativa prevé que todos los directores generales sean obligatoriamente funcionarios de los cuerpos superiores de la Administración, eliminando las excepciones actuales que permiten nombramientos externos por afinidad política. Según el texto del programa, la reforma pretende corregir el uso abusivo de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público de 2015, cuya jurisprudencia del Tribunal Supremo ya ha intentado limitar la libre discrecionalidad del Ejecutivo en estos nombramientos.
La principal novedad radica en la estabilidad temporal del cargo. Los directores y subdirectores generales serían nombrados por un periodo de cuatro años, prorrogables una sola vez. Durante este tiempo, solo podrían ser cesados por causas tasadas y no por el relevo del ministro o secretario de Estado correspondiente. Esta medida busca dotar de continuidad a la tramitación de expedientes complejos y plurianuales, proporcionando una mayor autonomía técnica a la estructura administrativa.
El sistema de selección propuesto está inspirado en el modelo de la Comisión Europea. Los candidatos deberán superar un concurso público transparente gestionado por un comité de selección. Dicho comité estaría compuesto por dos directores generales del departamento, uno de un ministerio ajeno y un profesor universitario del área técnica en cuestión, quien ostentará la presidencia y el voto de calidad. Los miembros del comité serían elegidos mediante sorteo a partir de un registro de profesionales elegibles para garantizar la imparcialidad del proceso.
El procedimiento constará de una fase de preselección basada en currículos y una segunda etapa de entrevistas para un máximo de siete aspirantes. Finalmente, el comité elevará una terna de tres candidatos al titular del ministerio, quien propondrá uno de ellos al Consejo de Ministros. Un proceso similar se aplicará a las subdirecciones generales, donde la terna final será remitida a la Secretaría de Estado de la que dependa la unidad.
La propuesta de Democracia 21 contempla que estos directivos profesionales se integren como miembros natos en los consejos de administración de las empresas públicas vinculadas a su área de competencia. Asimismo, el programa plantea extender este sistema de selección a los puestos de subsecretarios y secretarios generales tras un periodo de evaluación de dos años, e insta a las comunidades autónomas a adoptar modelos similares de provisión de puestos directivos.
La única excepción contemplada en la reforma son las unidades adscritas a la Presidencia del Gobierno, donde no se aplicarían los plazos fijos ni el sistema de concurso propuesto, aunque sí se mantendría la obligación de que los perfiles seleccionados cumplan con los requisitos generales de idoneidad y profesionalización que rigen para el resto de la Administración General del Estado.


