Denuncian ante la Unión Europea el incumplimiento de la transferencia de sanidad penitenciaria en España
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha recibido una solicitud formal para investigar el retraso de más de dos décadas en la transferencia de las competencias de sanidad penitenciaria desde el Gobierno central a las comunidades autónomas. La denuncia sostiene que la falta de integración de estos servicios en el Sistema Nacional de Salud (SNS) vulnera la normativa española y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, afectando la calidad asistencial en los centros penitenciarios.
El escrito fundamenta la queja en el incumplimiento de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del SNS. Dicha norma establecía un plazo máximo de 18 meses para que las administraciones autonómicas asumieran la gestión sanitaria en las prisiones. Transcurridos 21 años, la transferencia solo se ha completado de manera efectiva en Cataluña, el País Vasco, Navarra y Baleares, permaneciendo el resto del territorio bajo la gestión del Ministerio del Interior.
La denuncia advierte sobre la consolidación de un «sistema de salud paralelo» que opera bajo criterios presupuestarios y de seguridad en lugar de clínicos. Según el texto remitido a la Eurocámara, esta situación genera una «discriminación indirecta por omisión legal», al impedir que los internos cuenten con una historia clínica única y una atención equitativa respecto al resto de la ciudadanía, lo que contravendría la exigencia comunitaria de garantizar un nivel elevado de protección de la salud en todas las políticas de la Unión.
Uno de los puntos más críticos de la reclamación se refiere a la gestión de recursos humanos. Debido a la carencia estructural de personal médico, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha recurrido a la contratación de facultativos interinos que carecen del título de especialista (MIR). En los últimos tres años, se contabilizan al menos 58 contrataciones de este tipo, destinadas oficialmente a programas de higiene o prevención de patologías prevalentes.
No obstante, la denuncia subraya que estos profesionales sin especialidad estarían asumiendo funciones de asistencia sanitaria ordinaria, pautando medicación y cubriendo guardias, tareas que la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias reserva a médicos especialistas para el ejercicio en el sector público. Esta práctica se estaría produciendo en centros como Estremera, Soto del Real, Topas o Las Palmas, entre otros, lo que para los denunciantes representa un menoscabo de la calidad asistencial y un riesgo ético y legal para los equipos sanitarios.
Por su parte, el Ministerio del Interior, bajo la dirección de Ángel Luis Ortiz, justifica estas contrataciones en la necesidad de garantizar una asistencia integral y continuada ante la falta de acuerdos económicos con las comunidades autónomas para completar las transferencias. La falta de consenso sobre la dotación presupuestaria necesaria para que las autonomías asuman el servicio sigue siendo el principal obstáculo administrativo para la plena integración de la sanidad penitenciaria en la red pública de salud.
Con esta iniciativa ante el Parlamento Europeo, se busca un dictamen que obligue al Estado español a subsanar la dualidad administrativa existente y a garantizar que la atención médica en el ámbito penitenciario cumpla con los mismos estándares de especialización y técnica exigidos en el resto del sistema sanitario nacional.
