Una familia con menores es desalojada en Vitoria coincidiendo con el debate legislativo sobre vivienda en el Congreso

Una familia compuesta por dos menores de edad ha sido desahuciada este viernes de su vivienda habitual en la calle Cercas Bajas de Vitoria-Gasteiz. El lanzamiento judicial se ha ejecutado en la misma jornada en la que el Congreso de los Diputados somete a debate diversos decretos orientados a reforzar la protección de los inquilinos y aumentar la regulación del mercado del alquiler en el territorio nacional.

El desalojo, que tuvo lugar alrededor de las 13:00 horas, fue dado a conocer por el Sindicato de Vivienda de Gasteiz. Según el comunicado emitido por esta organización, la notificación oficial del desahucio se produjo este pasado jueves, concediendo a los afectados un margen de 24 horas antes de la intervención de la comisión judicial. El colectivo ha denunciado que la familia apenas dispuso de escasos minutos para retirar sus enseres personales antes de que se procediera al cierre del inmueble.

La actuación se desarrolló en presencia de efectivos de la Policía Municipal y ante la protesta de un grupo de ciudadanos que se congregaron en las inmediaciones de la vivienda para manifestar su rechazo a la medida. El suceso ha cobrado especial relevancia institucional al producirse en paralelo a la actividad parlamentaria en la Cámara Baja, donde se analizan instrumentos normativos destinados a mitigar la vulnerabilidad residencial y frenar la especulación inmobiliaria.

Ante estos hechos, el Sindicato de Vivienda de Gasteiz se ha reafirmado en la necesidad de mantener la organización social en defensa del derecho a la vivienda. En respuesta al desalojo, la organización ha convocado una asamblea popular a las 18:00 horas en el Farolón de la capital alavesa, a la que seguirá una manifestación que partirá desde la plaza de la Virgen Blanca a las 19:00 horas.

Este incidente se suma a las recientes movilizaciones de colectivos de inquilinos en diversos puntos de la geografía española, que reclaman una aplicación más rigurosa de las leyes de vivienda y la paralización efectiva de los desahucios en casos de familias en situación de vulnerabilidad acreditada.