sábado, noviembre 21, 2026
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Gobierno desvía 2.400M€ de fondos UE para pagar pensiones

El Tribunal de Cuentas señala el uso de 2.389 millones de fondos europeos para financiar pensiones de funcionarios

El Tribunal de Cuentas ha identificado en su análisis de la Cuenta General del Estado de 2024 el uso de recursos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para sufragar el pago de pensiones. El órgano fiscalizador detalla en su informe la existencia de dos modificaciones presupuestarias, por un importe total de 2.389,4 millones de euros, destinadas a reforzar la financiación del régimen de Clases Pasivas y los complementos a mínimos del sistema de previsión social.

La operación contable se realizó mediante la baja de créditos originalmente previstos para inversiones y reformas vinculadas a los fondos europeos. Según el organismo, esta reasignación interna de crédito permitió cubrir obligaciones corrientes del Estado sin elevar el techo de gasto total, si bien supuso una reducción en la capacidad de ejecución de los proyectos transformadores comprometidos inicialmente con la Unión Europea.

Aunque el Tribunal de Cuentas no declara la ilegalidad de la medida, el informe introduce una advertencia sobre la suficiencia de su base jurídica. El órgano supervisor señala que el soporte legal de estas transferencias «debería haber quedado mejor justificado», dado que los recursos proceden del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, un instrumento diseñado específicamente para financiar inversiones estructurales y no para el sostenimiento de gastos corrientes u obligaciones consolidadas del presupuesto.

Esta práctica se sitúa en un contexto de gestión presupuestaria condicionado por la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado en 2024. La prórroga de las cuentas anteriores obligó al Ejecutivo a realizar ajustes constantes, lo que derivó en que los créditos definitivos superaran en más de 77.000 millones de euros a los iniciales. El fiscalizador apunta que, si bien este modelo aporta flexibilidad, puede comprometer la transparencia sobre el destino final de los recursos públicos.

El informe del Tribunal de Cuentas también pone el foco en la situación financiera global del sistema. La deuda consolidada del Estado alcanzó los 1,46 billones de euros en 2024, tras experimentar un crecimiento del 4%, mientras que la Seguridad Social mantiene un patrimonio neto negativo que supera los 106.000 millones de euros. Asimismo, el organismo detectó más de 5.300 millones de euros en obligaciones pendientes de reconocer en la gestión contable del ejercicio.

El régimen de Clases Pasivas, destinatario de parte de estos fondos reasignados, cuenta actualmente con más de 650.000 beneficiarios, principalmente antiguos funcionarios de la Administración General del Estado, personal militar y docentes. Con un coste anual que sobrepasa los 20.000 millones de euros, este sistema se mantiene como una partida de alta presión para el gasto público, especialmente en un entorno de pensiones medias superiores a las del régimen general.

En su conclusión, el órgano fiscalizador establece que el uso de fondos del Plan de Recuperación para fines distintos a los previstos exige una justificación reforzada. El Tribunal subraya que la coherencia entre el uso efectivo de los recursos y los compromisos adquiridos con Bruselas es fundamental para garantizar la integridad de los objetivos de reforma y transformación del plan europeo.

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