Detienen al exfiscal de Chihuahua César Jáuregui por irregularidades vinculadas a muerte de agentes de la CIA
Las autoridades mexicanas cumplimentaron este sábado una orden de aprehensión en contra del exfiscal general del estado de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno. La detención responde a presuntas irregularidades cometidas durante su gestión, en un expediente derivado de un operativo antidrogas que resultó en el fallecimiento de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.
El mandamiento judicial, dictado el pasado viernes por un juez de control, imputa a Jáuregui Moreno el probable delito de ejercicio ilegal del servicio público. La investigación se remonta al desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, realizado entre el 17 y el 18 de abril. Un día después, el 19 de abril, el vehículo donde se trasladaban los agentes estadounidenses junto a mandos locales sufrió un accidente fatal en la zona serrana.
En el siniestro vial, provocado por la caída del vehículo en un barranco, perdieron la vida los dos elementos extranjeros, así como Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, y el oficial Manuel Genaro Méndez Montes. Tras el suceso, las pesquisas federales revelaron que el personal de la CIA participaba en operativos de seguridad estatal sin contar con la autorización correspondiente del Gobierno federal ni el reporte formal a los mandos superiores.
Junto a la orden contra el exfiscal, la justicia también reclama el arresto de Guillermo Arturo Zuany Portillo, quien se desempeñaba como responsable de operaciones estratégicas de la Fiscalía estatal. A Zuany Portillo se le señala por la presunta entrega de información falsa a las autoridades, aunque hasta el cierre de esta edición no se ha confirmado su captura por parte de las fuerzas de seguridad.
César Gustavo Jáuregui Moreno presentó su renuncia al cargo el pasado 27 de abril, luego de reconocer públicamente la existencia de fallas institucionales en los protocolos de información y supervisión sobre la colaboración con las agencias estadounidenses. Ante estos hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas dos líneas de investigación: una enfocada en la actividad del laboratorio clandestino y otra centrada en la legalidad de la actuación de agentes extranjeros en territorio nacional.
El proceso judicial ha alcanzado a la titular del Ejecutivo estatal, María Eugenia Campos Galván, quien fue citada por la FGR en calidad de testigo el pasado 27 de mayo para esclarecer la cadena de mando en estos operativos. La gobernadora acudió a la cita pero se reservó su declaración, tras calificar los procedimientos como una persecución política y cuestionar el sustento legal de los citatorios emitidos por la autoridad federal.
