Detenidas dos personas en Ceuta por explotar a migrantes en condiciones infrahumanas
La Policía Nacional ha procedido a la detención de dos individuos en Ceuta como presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a la explotación de ciudadanos extranjeros en situación de vulnerabilidad. Según el informe oficial, la red lucrarse mediante el cobro de hasta 900 euros mensuales por pernoctar en un garaje y ofrecía traslados irregulares a la península por un precio fijado en 6.000 euros por persona.
La investigación se inició tras las alertas recibidas por los residentes de un bloque de viviendas en las proximidades de la barriada del Príncipe. Los vecinos denunciaron la presencia reiterada de personas en las zonas comunes y espacios de estacionamiento de un garaje comunitario, donde los migrantes eran obligados a dormir sobre el suelo en condiciones que no reunían los requisitos mínimos de habitabilidad.
Los testimonios recabados por los agentes revelan que la organización exigía pagos diarios de unos 30 euros por el uso de plazas de garaje y trasteros. En momentos de máxima ocupación, los investigadores constataron la presencia de hasta 20 personas compartiendo el mismo espacio. Asimismo, se detectó que el acceso a elementos básicos de descanso, como mantas o colchones, estaba estrictamente condicionado al pago previo de las cantidades exigidas, al igual que la carga de teléfonos móviles, por la que se cobraban entre cinco y diez euros.
La estructura delictiva operaba bajo un régimen de coacciones y amenazas de muerte dirigidas a las víctimas con el objetivo de mantener la opacidad de sus actividades. Los responsables de la red instruían a los migrantes para permanecer ocultos y evitar cualquier contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, imponiendo una ley del silencio que dificultó las fases iniciales de la intervención policial.
Finalmente, la colaboración de varios de los afectados resultó determinante para el éxito de la operación. Sus declaraciones permitieron a la Policía Nacional reconstruir el funcionamiento interno de la organización, identificar el reparto de funciones de sus integrantes y confirmar el carácter sistemático de la explotación económica a la que eran sometidos los recién llegados a la ciudad autónoma.
