Desarticulada una red criminal por un fraude superior a los dos millones de euros en el sector de hidrocarburos

Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria ha permitido la desarticulación de una organización criminal asentada en la Región de Murcia dedicada a la distribución y venta ilícita de carburantes. La intervención, denominada operación Vatoil-Visco, se ha saldado con la detención de seis personas y la investigación de otras ocho, acusadas de defraudar más de dos millones de euros mediante la elusión de controles fiscales y la alteración de documentación mercantil.

Las investigaciones, lideradas por la policía judicial de la Guardia Civil en Alicante y la Sección II de Investigación Económica del Servicio de Vigilancia Aduanera, revelan que el entramado utilizaba una compleja estructura societaria para comercializar hidrocarburos al margen de la ley. Según los informes técnicos, la red habría dejado de ingresar aproximadamente 1.800.000 euros en concepto de Impuesto Especial sobre Hidrocarburos y otros 400.000 euros relativos al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) solo durante el ejercicio de 2025.

El despliegue policial incluyó la realización de seis registros simultáneos en la provincia de Murcia —cinco en domicilios particulares y uno en una nave industrial— donde se procedió a la detención de los principales implicados. Durante estas actuaciones, los agentes intervinieron cinco vehículos de alta gama, 9.000 euros en efectivo y abundante documentación que acredita la actividad delictiva y el uso de mercantiles instrumentales para ocultar el origen de los beneficios.

Como medida cautelar para evitar la continuidad del fraude, las autoridades han procedido al precinto de tres depósitos que contenían un total de 86.000 litros de carburante. Asimismo, se ha suspendido la actividad de los surtidores en tres estaciones de servicio vinculadas a la red, localizadas en los municipios de Villajoyosa (Alicante), Miguelturra (Ciudad Real) y Linares (Jaén). En el plano financiero, la autoridad judicial ha ordenado el bloqueo de más de 60 cuentas bancarias relacionadas con el entramado empresarial investigado.

A los encausados se les atribuyen presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, contra la Hacienda Pública, contra los consumidores, falsedad documental, estafa y blanqueo de capitales. Los detenidos han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela. Tras las comparecencias judiciales, se decretó el ingreso en prisión de uno de los sospechosos debido a una requisitoria previa, mientras que el resto de los implicados han quedado en libertad con medidas cautelares.

Esta operación subraya la estrecha colaboración entre las instituciones de vigilancia aduanera y las fuerzas de seguridad del Estado para combatir el fraude fiscal en sectores estratégicos, garantizando la libre competencia y protegiendo los derechos de los consumidores frente a productos distribuidos fuera de los cauces legales obligatorios.