En el marco de las negociaciones entre el Gobierno de Venezuela y sectores de la oposición, se ha procedido a la excarcelación condicional de 131 prisioneros políticos en las últimas horas. Esta medida se desprende de los resultados de la primera ronda de la Mesa de Diálogo celebrada en Caracas, proceso que cuenta con el seguimiento directo del Gobierno de los Estados Unidos en el contexto de un plan de estabilización institucional para el país suramericano.
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, confirmó que estas liberaciones forman parte de un proceso de tres fases orientado a la reconciliación nacional. Según datos del Departamento de Estado, desde el 3 de enero se ha contabilizado la liberación de 1.046 ciudadanos venezolanos. Rubio señaló que Washington mantiene una supervisión cercana sobre las conversaciones presenciales entre las autoridades venezolanas y la fracción de la oposición participante en el diálogo.
Entre los casos destacados en esta jornada se encuentra el de Emirlendris Benítez, quien permaneció detenida desde 2018 bajo acusaciones de presunto complot. A pesar de haber sido beneficiada con la excarcelación tras ocho años de reclusión, su condena de 30 años de prisión no ha sido anulada, manteniendo el estatus de libertad condicional. Organizaciones internacionales como la ONU y ONG locales como Foro Penal han señalado reiteradamente la ausencia de debido proceso en los juicios antiterrorismo que afectaron a este grupo de civiles y militares.
Uno de los acuerdos centrales alcanzados en esta fase de la negociación es la reforma estructural del Poder Judicial. El compromiso suscrito contempla la renovación integral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyos integrantes han sido cuestionados por su vinculación directa con el partido de gobierno. Delcy Rodríguez, en representación del Ejecutivo nacional, admitió la necesidad de transformar el sistema judicial para erradicar prácticas de corrupción, extorsión y burocracia, facilitando el acceso transparente a la justicia.
A cambio de estos avances institucionales, el Gobierno venezolano busca la recuperación de activos estatales congelados en el exterior debido a las sanciones internacionales. En particular, se ha avanzado en un acuerdo para la restitución de 30 toneladas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra, valoradas en 3.600 millones de euros. Según el Ejecutivo, estos recursos serían destinados a proyectos de inversión social y a la atención de las zonas afectadas por los sismos del pasado mes de junio.
No obstante, sectores de la sociedad civil y comités de familiares de víctimas mantienen el clamor por la liberación plena de todos los prisioneros políticos restantes, cuya cifra superaba los 300 casos antes de este último movimiento. La Mesa de Diálogo continuará sesionando para monitorear el cumplimiento de los acuerdos de reforma y la posible flexibilización de las restricciones económicas que pesan sobre el país desde los eventos electorales de 2024.
