Cuba rechaza orden de detención emitida por Florida contra Raúl Castro

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha expresado su rechazo oficial ante la orden de detención emitida por la Fiscalía General de Florida contra el exmandatario Raúl Castro. El dirigente cubano calificó la medida como un acto carente de fundamento jurídico, vinculándola directamente con intereses de carácter electoral en el estado norteamericano.

La acción judicial, impulsada por la oficina del fiscal general de Florida, James Uthmeier, acusa a Castro de «conspiración para cometer asesinato en primer grado». El proceso se fundamenta en el incidente ocurrido en 1996, cuando dos aeronaves civiles de la organización de exiliados «Hermanos al Rescate» fueron derribadas en aguas internacionales, suceso que resultó en la muerte de tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente.

Argumentos de la administración cubana

A través de un comunicado oficial, Díaz-Canel describió la iniciativa de las autoridades de Florida como una «maniobra de vestidura legal montada por políticos anticubanos». El mandatario sostuvo que esta acción carece de viabilidad práctica y la enmarcó dentro de un «afán agresivo» por parte de ciertos sectores en Estados Unidos para justificar la continuidad del bloqueo económico y comercial sobre la isla.

“La repudiable acción contra el General de Ejército en un patético circo miamense, con trasfondo electoral, no tiene ni tendrá jamás el más mínimo sentido jurídico y mucho menos práctico”, afirmó el presidente cubano, quien además defendió la figura del líder revolucionario frente a lo que considera una afrenta a la soberanía de su país.

Detalles del procedimiento judicial

El anuncio de la orden de detención fue realizado por el fiscal Uthmeier, junto con el Departamento de Policía de Florida, tras obtener el requerimiento estatal contra el exdirigente cubano. La fiscalía considera a Raúl Castro responsable de la cadena de mando que autorizó el uso de fuerza letal contra las avionetas civiles hace casi tres décadas.

Este nuevo capítulo de tensión legal se produce en un contexto de endurecimiento de las políticas de Washington hacia La Habana, marcado por restricciones energéticas y comerciales. Desde la perspectiva del Gobierno cubano, estos movimientos responden a los obstáculos que enfrenta la administración estadounidense para legitimar las sanciones internacionales ante la comunidad global.

Por el momento, el Departamento de Estado de los Estados Unidos no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre si elevará esta orden estatal a un nivel federal o internacional, mientras que Cuba mantiene su postura de considerar el caso como un asunto cerrado por su legislación nacional y el derecho internacional.