Sindicatos policiales exigen la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid tras su valoración de las cargas en la Complutense
Las organizaciones sindicales Justicia Policial (JUPOL) y la Confederación Española de Policía (CEP) han solicitado formalmente la dimisión del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín. La petición se produce tras las declaraciones del titular de la Delegación cuestionando la proporcionalidad de la intervención de la Policía Nacional durante una manifestación en defensa de la educación pública en la Universidad Complutense, donde se produjeron cargas y detenciones.
El detonante de la controversia ha sido la solicitud por parte de Martín de una «investigación de urgencia» dirigida a la Jefatura Superior de Policía de Madrid. El delegado calificó como «muy duras» las imágenes registradas durante los incidentes, en los que resultaron detenidas al menos cinco personas y dos agentes sufrieron lesiones leves. Según la versión oficial de la Delegación, la intervención se activó tras recibir avisos sobre un grupo de personas, algunas encapuchadas, que obstaculizaban el tráfico en el campus universitario.
Desde JUPOL han acusado a la representación gubernamental de «señalar públicamente» a los efectivos policiales y de poner «en el disparadero de la política más sectaria» la labor de los agentes. El sindicato sostiene que estas valoraciones políticas, emitidas sin disponer de un informe operativo previo, suponen un riesgo para la integridad de los funcionarios y critica la falta de información técnica facilitada a los intervinientes durante el desarrollo del dispositivo.
Por su parte, la CEP considera «especialmente grave» que la máxima autoridad responsable de la seguridad ciudadana en la región emita juicios de valor negativos antes de esclarecer los hechos mediante los cauces reglamentarios. Para esta organización, el delegado del Gobierno ha incurrido en un «ejercicio de sospecha prematura» que socava la presunción de profesionalidad de los agentes encargados de garantizar el orden público.
Ambas organizaciones coinciden en señalar una presunta «doble vara de medir» en la gestión de las crisis de orden público por parte de Francisco Martín. En sus comunicados, recuerdan episodios previos como el desahucio de una ciudadana en septiembre o una intervención policial en el barrio de Lavapiés el pasado marzo, donde el delegado también expresó su malestar con las imágenes captadas. Los sindicatos contrastan esta postura con la mantenida durante las protestas ante la sede del PSOE en la calle Ferraz, denunciando lo que califican como una «deriva de incoherencia institucional».
Finalmente, los colectivos policiales han remarcado que la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debe quedar al margen de la controversia política y electoral, instando a las autoridades a defender la legitimidad de las actuaciones amparadas en el cumplimiento de la ley.
