La Fundación Hay Derecho otorga un aprobado mínimo a la idoneidad de los directivos públicos de Andalucía
La Fundación Hay Derecho ha presentado este jueves en Sevilla la edición 2026 del «Dedómetro – Andalucía», un estudio pormenorizado sobre el mérito, la capacidad y la independencia de los máximos responsables del sector público andaluz. El informe, que evalúa a 153 directivos de 40 entidades entre los años 2000 y 2026, arroja una calificación media de 5,4 sobre 10, lo que supone un aprobado ajustado en los estándares de profesionalización exigidos por la organización para la gestión de los recursos públicos.
El análisis cobra especial relevancia dado que Andalucía cuenta con el segundo sector público institucional más extenso de España, solo superado por Cataluña. Con un total de 128 entes según el Inventario de Entes del Sector Público Estatal (INVENTE), estas entidades instrumentales gestionan un presupuesto agregado superior a los 23.000 millones de euros en áreas estratégicas como infraestructuras, empleo, sanidad y gestión tributaria. Según el estudio, aunque se detecta una mejora reciente en la experiencia específica de los perfiles, la evolución hacia una dirección pública profesional se considera todavía parcial e insuficiente.
Uno de los puntos críticos señalados por la investigación es la carencia de requisitos normativos claros para el acceso a puestos de alta dirección. El informe constata que 30 de las 40 entidades analizadas no establecen criterios materiales de idoneidad, limitándose la normativa a designar el órgano con competencia para el nombramiento. El déficit más acusado se registra en la experiencia previa en gestión, donde la puntuación media desciende hasta los 3,06 puntos sobre 10, un dato que la fundación califica de preocupante dada la complejidad técnica de las plantillas y presupuestos que manejan estos directivos.
Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho y directora de la investigación, ha advertido de que no es suficiente con nombrar a personas con trayectoria profesional, sino que esta debe ser «adecuada a la entidad que van a dirigir» mediante procesos basados en reglas objetivas. En la misma línea, Safira Cantos, directora general de la entidad, ha señalado que la falta de procedimientos competitivos supedita los nombramientos a la confianza política, lo que genera una dirección «más vulnerable a las presiones» y compromete la continuidad estratégica en sectores clave.
El informe identifica debilidades significativas en organismos como la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA), la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA) y la Agencia Pública Andaluza de Educación, además de la extinta Agencia IDEA. En el lado opuesto, el estudio reconoce señales de mejora y buenas prácticas en entidades como la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) y el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, donde se observa una mayor concordencia entre el perfil directivo y la misión de la entidad.
Para fortalecer la institucionalidad, la Fundación Hay Derecho propone la implantación de procesos de selección abiertos y transparentes, la fijación de requisitos mínimos por ley y la introducción de contratos de desempeño con objetivos medibles. Asimismo, instan a la creación de un modelo normalizado de currículum directivo y a la publicación del histórico de responsables para reforzar la transparencia. Según las conclusiones del estudio, la mejora de la dirección pública no debe depender de la voluntad puntual de los gobiernos, sino de reglas estables que garanticen la idoneidad y la rendición de cuentas.
