MADRID. – Diversos cuadros y dirigentes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) han manifestado de manera interna su creciente inquietud ante la gestión de la reciente crisis migratoria en Ceuta y el impacto de los procesos judiciales que afectan al entorno del Ejecutivo. Aunque el respaldo público hacia el secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mantiene unificado, voces del partido advierten de un posible desgaste en la credibilidad institucional y electoral de la formación.
El malestar interno se ha acentuado tras la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma los pasados 30 y 31 de julio. Según fuentes de la formación, se critica una supuesta reacción tardía por parte de la Moncloa, señalando que el mando único operativo, liderado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, no se constituyó hasta 25 días después de los sucesos. Asimismo, sectores críticos dentro del socialismo lamentan que la ausencia de una respuesta institucional inmediata durante el periodo estival haya perjudicado la imagen de gestión del Gobierno.
En el ámbito parlamentario, la preocupación se extiende a la viabilidad de la legislatura. Tras tres años sin la aprobación de nuevos Presupuestos Generales del Estado y ante una mayoría parlamentaria compleja, algunos dirigentes cuestionan la «legitimidad de ejercicio» del actual Ejecutivo. A pesar de que Sánchez se ha comprometido a presentar un borrador de las cuentas públicas antes de que concluya el año, el escepticismo persiste entre quienes consideran que este movimiento podría ser la antesala de un adelanto electoral estratégico para julio, fecha en la que expira formalmente la legislatura.
La situación orgánica del partido también atraviesa un momento de tensión debido a los procesos judiciales que han afectado a antiguos y actuales miembros de la Secretaría de Organización. La sombra de las investigaciones relacionadas con el caso Koldo y las menciones a Santos Cerdán en informes de la Unidad Central Operativa (UCO) han generado dudas sobre la eficacia del discurso oficial contra la desinformación. Según admiten cargos públicos del PSOE, el uso del término «bulo» para descalificar informaciones que posteriormente han tenido recorrido judicial ha mermado la capacidad de defensa comunicativa de la militancia.
A esta coyuntura se suman los frentes judiciales que afectan al entorno familiar del presidente, concretamente las investigaciones sobre Begoña Gómez y la reciente condena de inhabilitación a su hermano, David Sánchez. Colaboradores cercanos al jefe del Ejecutivo reconocen que estas circunstancias están condicionando la toma de decisiones en el seno del Gobierno, si bien mantienen que no existen indicios de reproche penal que justifiquen una dimisión o un cambio de rumbo drástico.
Como contrapartida a las críticas internas y externas, Pedro Sánchez ha instado a sus grupos parlamentarios a centrar el debate político en la agenda social. Durante la reunión interparlamentaria celebrada el pasado 7 de septiembre, el presidente llamó a «apuntalar conquistas sociales» como la vía principal para contrarrestar el avance de las fuerzas de derecha y ultraderecha. Desde la Moncloa se insiste en que España superará la crisis de Ceuta reforzada, defendiendo que la gestión migratoria actual es la adecuada dadas las circunstancias internacionales.
