Estados Unidos reduce a diez días el plazo de defensa para refugiados ante la posible revocación de su estatus
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) anunció este martes una modificación en la normativa migratoria que reduce de treinta a diez días el plazo otorgado a los refugiados para presentar pruebas y argumentos de defensa cuando el Gobierno inicie un proceso de revocación de su estatus. La medida acorta el margen de respuesta ante las notificaciones oficiales que cuestionan la permanencia de dicha protección legal en territorio estadounidense.
Según el comunicado de las autoridades federales, el objetivo de esta reforma es fortalecer la integridad del sistema de inmigración, prevenir el fraude y mitigar potenciales riesgos para la seguridad pública y nacional. De acuerdo con la legislación vigente, el estatus de refugiado solo puede ser retirado si se determina fehacientemente que la persona no cumplía con los requisitos de elegibilidad en el momento de su admisión original. Si los argumentos presentados en el nuevo plazo no son considerados suficientes por el DHS, el beneficiario perderá su protección y será sometido a un proceso de deportación.
La obtención del estatus de refugiado en Estados Unidos es el resultado de un proceso administrativo que suele extenderse durante varios años. Los solicitantes deben ser remitidos al Programa de Admisión de Refugiados (USRAP) a través de la ONU, embajadas u organizaciones no gubernamentales, y están sujetos a múltiples entrevistas y exhaustivos controles de antecedentes por parte de diversas agencias federales de seguridad.
La organización International Refugee Assistance Project (IRAP) ha expresado su rechazo a este cambio normativo, señalando que la reducción del tiempo de respuesta dificultará la defensa legal de los afectados y podría derivar en deportaciones masivas. La entidad denunció que la actual administración ha intensificado las acciones contra refugiados de países como Ruanda, Irak y Afganistán, y sostiene que se están produciendo detenciones de personas que cuentan con autorización legal para residir en el país.
Por su parte, datos de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) indican que, en el transcurso del primer año del actual mandato presidencial, aproximadamente 1,6 millones de inmigrantes han perdido su estatus legal. Esta cifra se enmarca en una política migratoria que ha incluido la retirada del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de diversos países, la cancelación de programas de permiso humanitario y la restricción de audiencias completas para determinadas solicitudes de asilo.
Laurie Ball Cooper, vicepresidenta de programas legales de IRAP, afirmó que el recorte en los plazos administrativos convierte el derecho a la defensa en una formalidad insuficiente para proteger a personas que fueron admitidas legalmente y que podrían enfrentar persecución en sus países de origen tras ser deportadas.
