El Departamento de Estado de EE.UU. destaca el atractivo inversor de España pero advierte sobre la inseguridad jurídica
El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha calificado a España como un país «especialmente atractivo» para la inversión extranjera directa en su último informe sobre el ‘Clima de Inversión en España’. El documento resalta el sólido crecimiento económico del país y su posición estratégica como puerta de entrada al mercado único europeo, aunque manifiesta preocupaciones institucionales respecto al uso recurrente de mecanismos legislativos de emergencia, la elevada presión fiscal y la disparidad normativa entre las comunidades autónomas.
Según el informe del organismo estadounidense, España se consolida como un destino de interés debido a la diversificación de su economía y las oportunidades en sectores de alto valor añadido. El análisis subraya que la economía española lideró el crecimiento entre las grandes potencias de la Unión Europea, viéndose favorecida por una infraestructura de primer nivel que incluye la red ferroviaria de alta velocidad más extensa de Europa, puertos modernos y redes de telecomunicaciones avanzadas.
No obstante, el Departamento de Estado señala factores que podrían comprometer la competitividad a largo plazo. Entre las principales advertencias destaca el aumento de los costes operativos, especialmente en energía y mano de obra, así como una burocracia que califica de «engorrosa y lenta». El documento hace especial hincapié en la falta de previsibilidad regulatoria, señalando que la aprobación de normativas a nivel regional obliga a las empresas a navegar por hasta 17 marcos jurídicos distintos, lo que fragmenta el mercado interno.
Uno de los puntos más críticos del informe se centra en la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad. El organismo advierte que la legislación actual, sumada a la saturación del sistema judicial, «facilita que los okupas ocupen viviendas vacías durante años». A pesar de las reformas introducidas en 2018 para agilizar los desahucios civiles, el informe recalca que los tiempos de resolución siguen siendo elevados y menciona que la Ley del Derecho a la Vivienda de 2023 ha reforzado la protección de ocupantes en situación de vulnerabilidad, dificultando los procesos de ejecución.
En el ámbito de la contratación pública, Estados Unidos observa una falta de transparencia en ciertos procesos y critica la priorización sistemática de las ofertas de menor coste. Según el Departamento de Estado, este enfoque limita la evaluación de la calidad y la fiabilidad, abriendo la puerta a entidades con apoyo estatal o proveedores con escasa experiencia, lo que ha generado dudas sobre la equidad en las licitaciones frente a competidores locales.
Finalmente, el informe aborda la situación de los arbitrajes internacionales derivados de la reforma del sistema de primas a las energías renovables de 2011. El documento recuerda que, tras la retirada de España del Tratado de la Carta de la Energía en 2024, el país se ha «resistido sistemáticamente» a ejecutar los laudos favorables a los inversores internacionales. Esta postura, justificada por el Gobierno español bajo argumentos de inmunidad estatal y cumplimiento de la normativa comunitaria, es monitorizada por Washington como un factor de riesgo para la seguridad de las inversiones extranjeras.
