El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha presentado formalmente cargos criminales contra el gobernador en funciones del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza, ambos integrantes del partido oficialista Morena. Este procedimiento marca un precedente histórico en la relación bilateral, al ser la primera ocasión en la cronología contemporánea en que la justicia estadounidense actúa penalmente contra un mandatario estatal mexicano mientras se encuentra en el ejercicio de su cargo.
Las acusaciones vinculan a los funcionarios mexicanos con presuntas operaciones de complicidad que habrían facilitado las actividades delictivas del Cártel de Sinaloa. Según la narrativa judicial estadounidense, los señalamientos surgen tras el avance de los procesos penales en las cortes de Nueva York y Chicago contra Ismael «El Mayo» Zambada y los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán, quienes habrían aportado testimonios y evidencias en calidad de testigos cooperantes tras su detención y traslado a territorio norteamericano.
La investigación federal sostiene que el gobernador Rocha Moya habría formado parte del engranaje institucional que permitía la operatividad de la organización criminal. Estos cargos se vinculan directamente con los eventos del 25 de julio de 2024, fecha en que Ismael Zambada fue trasladado a Estados Unidos desde un aeródromo cercano a Culiacán, tras ser presuntamente secuestrado por Joaquín Guzmán López. En ese mismo contexto, se ha cuestionado la coartada del gobernador, quien afirmó encontrarse en Los Ángeles, California, durante los hechos, aunque no ha presentado registros migratorios oficiales que validen dicha estancia.
La administración de los Estados Unidos ha formalizado asimismo una solicitud de extradición contra el gobernador sinaloense. Ante este requerimiento, la Cancillería de México ha manifestado una postura de resistencia técnica, solicitando la entrega de pruebas exhaustivas antes de dar curso al trámite. Esta posición contrasta con la política de extradiciones recientes de la administración federal, la cual ha facilitado el traslado de cerca de un centenar de objetivos prioritarios a la justicia estadounidense en el último periodo.
El anuncio de las acusaciones ocurre en un entorno de alta tensión diplomática. En días previos, el Gobierno de México inició investigaciones contra funcionarios estatales de Chihuahua por colaborar con agentes de la CIA en el desmantelamiento de laboratorios de drogas sintéticas, argumentando violaciones a la soberanía nacional y a las leyes que restringen la operación de agentes extranjeros en suelo mexicano. Analistas sugieren que la revelación de los cargos contra los políticos de Sinaloa representa una respuesta institucional de Washington ante la persecución de sus operativos en territorio nacional.
La situación de seguridad en Sinaloa ha experimentado un deterioro significativo desde el 8 de septiembre de 2024, a raíz de la confrontación interna entre las facciones de «Los Chapitos» y «La Mayiza». Este conflicto fratricida ha dejado un saldo de más de 2.000 homicidios dolosos y un número similar de desapariciones forzadas hasta principios de 2026. La crisis ha paralizado la actividad económica en Culiacán y ha puesto bajo escrutinio la legitimidad del proceso electoral de 2021, donde la oposición ya había denunciado irregularidades vinculadas a la intervención de grupos armados en favor de la actual administración estatal.
A nivel político, el caso coloca en una situación compleja a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha mantenido una línea de respaldo institucional hacia Rocha Moya. La revocación de la visa estadounidense al gobernador, confirmada recientemente, se interpreta en los círculos diplomáticos como el preámbulo administrativo habitual antes de la ejecución de órdenes de captura internacionales, lo que incrementa la presión sobre el Ejecutivo federal para definir su postura frente a las acusaciones de su principal socio comercial.
