Estados Unidos sanciona a 17 petroleros y 18 empresas vinculadas a la red de exportación de crudo iraní
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha formalizado este jueves una nueva serie de sanciones dirigidas contra la infraestructura logística de Irán, afectando a un total de 17 buques petroleros y 18 compañías internacionales. Según el organismo gubernamental, estas entidades conforman el núcleo de una flota clandestina utilizada por Teherán para eludir las restricciones comerciales impuestas por Washington a su sector energético.
La medida se enmarca en la operación estratégica denominada «Marginado Económico», un plan anunciado el pasado mes de agosto por el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Esta iniciativa tiene como objetivo central desarticular los canales financieros y de transporte que permiten al régimen iraní mantener su flujo de exportaciones de crudo y productos petroquímicos a pesar del embargo vigente.
El secretario Bessent ha subrayado que la acción emprendida neutraliza gran parte de la capacidad operativa de la red de transporte marítimo ilícito de Irán. «Nadie que facilite la evasión de las sanciones iraníes está a salvo de todo el peso de la autoridad del Tesoro», afirmó el titular del departamento, enfatizando la determinación de la administración para clausurar los nodos marítimos que sostienen la economía del país persa.
La investigación del Tesoro apunta a que los barcos sancionados operaban bajo la gestión de una compleja red de empresas fachada con presencia internacional. Estas estructuras corporativas habrían sido diseñadas con el propósito de ocultar el origen del combustible y la identidad de los operadores, facilitando así la inserción del petróleo iraní en los mercados globales mediante tácticas de sofisticación logística.
Además de los activos navales, las 18 empresas señaladas por Washington han sido identificadas por su participación directa en los sectores petrolero y petroquímico de Irán. La orden ejecutiva prohíbe cualquier tipo de transacción con estas entidades y refuerza el cerco económico en un contexto de creciente tensión diplomática entre Estados Unidos e Irán.
Con este movimiento, el Departamento del Tesoro busca cortar los canales principales de financiación del Estado iraní, afectando la operatividad de lo que Washington denomina la «flota clandestina». La acción reafirma la política de máxima presión económica que el gobierno estadounidense mantiene sobre las fuentes de ingresos del sector energético de Teherán.
