El Gobierno de Navarra analiza personarse en la causa de los túneles de Belate ante la Audiencia Nacional

El Ejecutivo Foral ha anunciado que estudiará su personación en las diligencias que instruye el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional relativas a la adjudicación de las obras de los túneles de Belate. Esta medida se condicionará a la posible existencia de un perjuicio patrimonial para la Hacienda pública navarra, según han confirmado fuentes gubernamentales tras el levantamiento del secreto de sumario en el procedimiento judicial.

Desde el Gabinete navarro se ha expresado un compromiso de colaboración activa con la justicia, señalando que la Hacienda Foral ya ha materializado dicha cooperación mediante la aportación de información requerida para la investigación. Esta disposición se suma a un intento previo de personación ante el Tribunal Supremo, solicitud que fue denegada en su momento, y que ahora se replantea ante la instancia de la Audiencia Nacional.

La presidenta de la Comunidad Foral, María Chivite, ha manifestado su interés en que los hechos se esclarezcan por la vía judicial con el fin de despejar las sospechas sobre un proceso administrativo que, sostiene el Ejecutivo, fue gestionado por una mesa de contratación técnica con autonomía plena. En este contexto de transparencia, la presidencia ha recordado la puesta en marcha de una triple auditoría sobre la adjudicación, activada tras conocerse los avances de las diligencias judiciales.

En cuanto a la fiscalización del proceso, el Gobierno de Navarra defiende la legalidad de las actuaciones basándose en los informes de la Intervención Delegada y la Intervención General. Según los datos aportados, la adjudicación contó con una deliberación calificada como adecuada, superando los reparos iniciales de carácter no suspensivo que se presentaron durante la tramitación del expediente de obras.

Asimismo, el Ejecutivo se ha remitido a las conclusiones de la Cámara de Comptos, órgano que determinó la ausencia de responsabilidad contable u otras infracciones de naturaleza administrativa en la gestión del proyecto. Esta tesis se alinea con el dictamen de la comisión de investigación del Parlamento de Navarra, la cual descartó la existencia de injerencias políticas o presiones externas sobre el personal técnico encargado de la licitación.

La causa investigada por la Audiencia Nacional se centra en la posible conexión de estas adjudicaciones con redes de influencias, lo que ha motivado la petición de información sobre diversas cuentas bancarias. El Gobierno de Navarra, por su parte, mantiene su postura de respeto a la independencia judicial mientras evalúa el impacto que el desarrollo de la instrucción pueda tener sobre los fondos públicos autonómicos.