El Gobierno sopesa un adelanto electoral ante el posible rechazo a sus decretos de vivienda

El Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez ha decidido mantener la votación de los dos decretos leyes en materia de vivienda prevista para este viernes, a pesar de no contar con los apoyos parlamentarios necesarios para su convalidación. Ante el previsible bloqueo en el Congreso de los Diputados, fuentes gubernamentales confirman que el equipo del presidente analiza un posible adelanto de las elecciones generales, barajándose como fechas tentativas el 29 de noviembre o el 6 de diciembre.

La aritmética parlamentaria se presenta adversa para el Gobierno tras el anuncio de Junts per Catalunya de votar en contra de ambas medidas, sumándose así a la posición ya manifestada por el Partido Popular y Vox. Por su parte, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha comunicado una postura dividida: respaldará el primer decreto, pero rechazará el segundo, centrado en la renovación automática de los contratos de alquiler, lo que dificulta aún más la viabilidad de la agenda legislativa del Gabinete.

Fuentes próximas a La Moncloa señalan que la posibilidad de acudir a las urnas surge tras la presión ejercida por diversos sectores del Partido Socialista, quienes instan al presidente a considerar una nueva convocatoria electoral si el bloqueo legislativo persiste. De optarse por la fecha del 29 de noviembre, el cumplimiento de los plazos legales establecidos en la normativa electoral obligaría a la disolución de las Cortes Generales de manera inminente en los próximos días.

Durante sus últimas intervenciones, el presidente Pedro Sánchez ha apelado a la «altura de miras» de los grupos parlamentarios para permitir la aprobación de estas medidas. Desde el Ejecutivo se defiende que el acceso a la vivienda constituye una problemática de Estado que debería trascender las diferencias partidistas y los intereses de bloque, subrayando la urgencia de aplicar las reformas contenidas en los textos normativos.

El escenario de inestabilidad se ha agudizado tras las advertencias de otros socios de investidura, como los Comuns, quienes han calificado de «vergüenza» la posibilidad de que las formaciones nacionalistas tumben unos decretos orientados a la regulación del mercado inmobiliario. La sesión plenaria de este viernes se perfila como un punto de inflexión decisivo para la continuidad de la presente legislatura.