martes, junio 16, 2026
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Elma Saiz rechaza retirar el pasaporte a Begoña Gómez

El Gobierno califica de «incomprensible» la posible retirada del pasaporte a Begoña Gómez

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha manifestado este martes que la adopción de medidas cautelares, como la retirada del pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, sería una decisión que «no se entendería». Estas declaraciones se producen tras la solicitud formal realizada por las acusaciones populares en el marco de la instrucción judicial que dirige el magistrado Juan Carlos Peinado.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz ha respondido a las peticiones ratificadas por las acusaciones, coordinadas por la organización Hazte Oír. El bloque de la acusación ha solicitado al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que imponga a Gómez la prohibición de salir del territorio nacional, la entrega del pasaporte y la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado.

Estas mismas medidas restrictivas han sido solicitadas para Cristina Álvarez, asesora de Gómez, según confirmaron fuentes jurídicas. La petición se enmarca en la fase actual del procedimiento, donde las acusaciones sostienen la presunta comisión de cuatro delitos que, a su juicio, justifican la apertura de juicio oral y el aseguramiento de la presencia de los investigados.

Plazos judiciales y personas investigadas

El juez Juan Carlos Peinado dispone ahora de un plazo de tres días para resolver dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, deberá decidir si estima las medidas cautelares solicitadas por las acusaciones populares. En segundo lugar, el magistrado debe determinar si dicta el auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.

La postura del Ejecutivo, expresada a través de su portavoz, mantiene una línea de crítica hacia la proporcionalidad de las medidas propuestas por la acusación, mientras se aguarda el pronunciamiento oficial del órgano judicial. El caso continúa su curso tras meses de diligencias previas que han generado un intenso debate en el ámbito político e institucional.

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