La Justicia italiana investiga el proceso de indulto a Nicole Minetti por presuntas irregularidades
La Fiscalía de Milán y el Ministerio de Justicia de Italia han iniciado una investigación de urgencia para esclarecer las condiciones en las que se otorgó el indulto a Nicole Minetti, antigua colaboradora de Silvio Berlusconi. El procedimiento judicial y administrativo busca determinar si existió una falsificación de documentos en el expediente que permitió a la exconsejera regional evitar una pena de casi cuatro años de prisión por motivos humanitarios.
La fiscal jefa de Milán, Francesca Nanni, confirmó el inicio de las pesquisas en colaboración con la Interpol para verificar la veracidad de la situación familiar de Minetti en Uruguay. La investigación se activó tras la publicación de informaciones periodísticas que sugieren que el proceso de adopción de un menor con problemas de salud, argumento central para la concesión de la gracia soberana, pudo haber sido una maniobra instrumental para eludir el cumplimiento de la condena.
El indulto fue firmado el pasado 11 de abril por el presidente de la República, Sergio Mattarella, basándose en la documentación tramitada por el Ministerio de Justicia. No obstante, ante los indicios de «supuestas falsedades», la Jefatura del Estado ha instado al Gobierno a realizar una revisión exhaustiva del expediente. Por su parte, el ministro de Justicia, Carlo Nordio, ha defendido la legalidad de la tramitación administrativa, aunque ha dado luz verde a las indagaciones pertinentes.
Nicole Minetti, de 41 años, fue condenada en 2019 a dos años y diez meses de prisión por inducción a la prostitución en el marco del denominado «caso Ruby». A esta pena se sumó en 2021 otro año y un mes de cárcel por un delito de malversación de fondos públicos durante su etapa como consejera regional en Lombardía. La suma de ambas condenas obligaba a su ingreso en un centro penitenciario, situación que quedó suspendida tras la firma del perdón presidencial.
En el ámbito político, el caso ha generado una fuerte controversia en el Parlamento italiano. Las formaciones de la oposición, lideradas por el Partido Demócrata (PD), han solicitado la comparecencia y dimisión del ministro Nordio, al considerar que el Ministerio no realizó las comprobaciones necesarias antes de elevar la petición de indulto al jefe del Estado. La diputada Debora Serracchiani calificó la permanencia del titular de Justicia en el cargo como «dañina» para la credibilidad de las instituciones.
A pesar de las críticas, la primera ministra, Giorgia Meloni, manifestó su plena confianza en el ministro Nordio durante una rueda de prensa oficial. Meloni subrayó que el expediente de Minetti siguió los cauces burocráticos ordinarios y cumplió con la praxis legal establecida, descartando de forma tajante la dimisión de su colaborador. No obstante, la mandataria coincidió con el presidente Mattarella en la necesidad de llegar al fondo de la investigación para salvaguardar el prestigio de la magistratura y el sistema de indultos.
La defensa de Minetti, a través de un comunicado, ha negado cualquier irregularidad y ha calificado las informaciones publicadas como carentes de fundamento y lesivas para la reputación de la exconsejera. La afectada ha anunciado acciones legales contra los medios de comunicación que cuestionaron la legalidad de su situación familiar en Uruguay, mientras las autoridades italianas aguardan la documentación solicitada al país sudamericano para cerrar el caso.


