España ha alcanzado por primera vez el primer puesto en el Rainbow Map, el indicador de referencia sobre derechos LGTBIQ+ en Europa, al tiempo que registra un descenso significativo en el Índice de Mujeres, Paz y Seguridad elaborado por la Universidad de Georgetown. Según los datos correspondientes a mayo de 2026, el país ha retrocedido veinte posiciones en bienestar y seguridad femenina desde el año 2018, situándose actualmente en el puesto 25 a nivel global.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha destacado el liderazgo de España en el informe de ILGA-Europe, donde el país ha obtenido una calificación del 88,7%. Este ascenso desde la undécima posición que ocupaba hace ocho años se atribuye a la implementación de la normativa aprobada en 2023, que contempla la autodeterminación de género, la despatologización trans y nuevas garantías contra la discriminación. Redondo ha definido este hito como un reconocimiento a la protección y garantía de la igualdad para el colectivo.
No obstante, la evolución de los indicadores de seguridad para las mujeres muestra una tendencia opuesta. En 2017, España se situaba en la quinta posición mundial del índice de Georgetown, solo superada por Islandia, Noruega, Suiza y Eslovenia. Tras una caída progresiva, el país se ubica hoy por detrás de naciones como Estonia, Singapur o Emiratos Árabes Unidos, debido fundamentalmente al deterioro en los parámetros de protección frente a la violencia.
El análisis de los datos oficiales revela que las agresiones sexuales registradas han pasado de 1.700 en el año 2018 a 5.363 en el último ejercicio, lo que supone un incremento del 215%. A este factor se suman críticas por fallos técnicos en los dispositivos de control telemático de agresores (pulseras antimaltrato) y el debate jurídico generado por la aplicación de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del ‘solo sí es sí’.
Esta disparidad en los resultados internacionales ha profundizado la división dentro del movimiento feminista. Desde el Partido Feministas al Congreso (PFAC), su presidenta Pilar Aguilar Carrasco y otras especialistas del ámbito jurídico y psicológico han cuestionado las prioridades del Ejecutivo. Las críticas se centran en que, mientras se celebra el avance en derechos simbólicos y de identidad, los datos reales de violencia machista, prostitución y pornografía reflejan una pérdida de seguridad jurídica y física para las mujeres.
El escenario actual sitúa a la administración en una paradoja institucional: el éxito en el reconocimiento legislativo de la diversidad y la no discriminación LGTBIQ+ convive con un retroceso medible en los estándares internacionales de seguridad femenina. El Ministerio de Igualdad mantiene su hoja de ruta bajo la premisa de seguir ampliando derechos, a pesar de las demandas de los sectores feministas clásicos que exigen un enfoque prioritario en las políticas de protección efectiva contra la violencia de género.
