España restablece los controles fronterizos con Italia ante el incremento de la presión migratoria
El Ministerio del Interior de España ha formalizado este sábado la decisión de reintroducir temporalmente los controles en las fronteras interiores con la República Italiana. La medida afectará específicamente a todos los aeropuertos y puertos que mantengan conexiones directas entre ambos países y estará vigente desde las 00:00 horas del 8 de agosto hasta la medianoche del 7 de septiembre de 2026, según el comunicado oficial remitido a las instituciones de la Unión Europea.
El titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska, ha trasladado la resolución a la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Henna Virkkunen, y al comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner. Asimismo, la comunicación ha sido enviada a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y a la secretaría general del Consejo de Ministros de Interior de los Estados miembros y asociados al espacio Schengen, cumpliendo con los protocolos de transparencia comunitaria.
La decisión gubernamental se fundamenta en la persistente presión migratoria irregular que afecta al país transalpino, especialmente a través de la ruta del Mediterráneo central. Según el informe de Interior, las autoridades españolas monitorizan el impacto que esta situación, sumada a la actividad de redes de delincuencia transfronteriza vinculadas a la migración irregular, pueda tener sobre el orden público y la seguridad interior del Reino de España.
Desde el punto de vista jurídico, el restablecimiento de estos controles se ampara en el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, específicamente en sus artículos 25 y 27, que conforman el Código de Fronteras Schengen. Esta normativa permite a los Estados miembros la reintroducción excepcional y temporal de la vigilancia en fronteras interiores ante amenazas graves para la seguridad nacional, siempre bajo criterios de proporcionalidad.
El Ministerio ha subrayado que la vigencia de esta medida es susceptible de modificación en función de cómo evolucionen las circunstancias que han motivado su adopción. Una vez finalizado el plazo previsto de un mes, el Gobierno realizará una nueva evaluación de riesgos para decidir si se procede al levantamiento de los controles o si, por el contrario, resulta necesario prolongar la medida para garantizar la estabilidad del espacio de seguridad compartido.
