Seis países de la UE proponen un impuesto comunitario a los beneficios extraordinarios de las petroleras

Los ministros de Economía y Finanzas de España, Alemania, Austria, Italia, Portugal y Polonia han solicitado formalmente a la Presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea la apertura de un debate para establecer un impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas petroleras. La propuesta, motivada por la escalada de precios derivada del conflicto en Irán, busca ser incluida en la agenda de la próxima reunión informal del Ecofin, que se celebrará los días 18 y 19 de septiembre en Dublín.

En una misiva conjunta, los firmantes sostienen que las medidas adoptadas de forma individual por los Estados miembros no han sido suficientes para estabilizar los precios de manera permanente para los ciudadanos y las empresas. Los ministros argumentan que el sector petrolero está registrando una rentabilidad y unos márgenes sobre productos refinados que superan el incremento del precio del crudo, lo que ha generado un creciente descontento social por el aumento del coste de la vida.

La iniciativa técnica propone un «enfoque común» dentro de un marco a escala de la Unión Europea, diferenciándose del mecanismo aplicado en 2022 tras la invasión de Ucrania. En esta ocasión, los Estados solicitantes apuestan por un análisis más selectivo sobre cómo incluir las ganancias extranjeras de las multinacionales petroleras, bajo un modelo que respete el principio de subsidiariedad y la diversidad de las situaciones nacionales de cada Estado miembro.

Asimismo, los seis países han reclamado a las autoridades comunitarias la entrega urgente de los resultados de la investigación europea sobre los márgenes de beneficio en el sector del refinado. Este informe se considera indispensable para garantizar que las compañías no se estén aprovechando de la coyuntura energética actual y para fundamentar el desarrollo de un mecanismo de protección del mercado único.

La petición remitida a la Presidencia irlandesa supone un avance en la estrategia iniciada el pasado mes de abril por cinco de estos países, a los que ahora se ha sumado Polonia. La propuesta llega en un momento de especial sensibilidad política, donde la coordinación fiscal europea se presenta como la vía prioritaria para mitigar los efectos económicos de la inestabilidad geopolítica en el mercado de los combustibles.