La Unión Europea formaliza el endurecimiento de la política de retornos con el voto en contra de España

Los Estados miembros de la Unión Europea han completado este jueves el último trámite formal para la adopción de la nueva directiva que endurece la política de retornos y avala la externalización de centros de deportación en terceros países. El acuerdo, alcanzado en el marco de la reunión de ministros de Interior celebrada en Luxemburgo, consolida un marco legal que permitirá el traslado de inmigrantes sin derecho a asilo a instalaciones fuera del territorio comunitario mientras se tramita su expulsión definitiva.

La votación ha contado con el respaldo mayoritario de los Veintisiete, con la excepción de Bélgica, que se ha abstenido, y de España, que ha mantenido su voto en contra. El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, ha justificado la posición del Gobierno por las dudas existentes sobre la compatibilidad de estos centros externos con el Derecho europeo e internacional y el respeto a los derechos fundamentales.

El nuevo reglamento ampara modelos de gestión similares al acordado recientemente entre Italia y Albania. Estos centros podrán funcionar como destino final o como puntos de tránsito para facilitar la repatriación al país de origen o a un tercer país seguro. No obstante, la normativa establece una excepción específica para los menores no acompañados, quienes no podrán ser transferidos a este tipo de instalaciones externalizadas.

Una de las novedades más significativas de la reforma es la ampliación de los plazos de detención para las personas sujetas a procesos de repatriación. La legislación prevé periodos de internamiento de hasta 24 meses en casos de falta de cooperación con las autoridades o riesgo de fuga, con la posibilidad de una prórroga adicional de seis meses bajo supuestos específicos. Estos plazos contrastan con el marco anterior, que limitaba la detención ordinaria a un máximo de seis meses.

Asimismo, el texto introduce la Orden Europea de Retorno (ORE), un formulario estandarizado diseñado para facilitar el reconocimiento mutuo de las decisiones de expulsión entre los Estados miembros. Este mecanismo administrativo busca agilizar los procedimientos y asegurar que una orden dictada por un país sea efectiva en el resto del espacio comunitario, mejorando la operatividad de la agencia Frontex.

En los márgenes de la reunión oficial, un grupo de cinco países integrado por Alemania, Grecia, Austria, Dinamarca y Países Bajos ha mantenido encuentros para avanzar en la creación de un primer centro de deportación conjunto en un país tercero. Según fuentes ministeriales de este grupo, el objetivo es tener operativa esta infraestructura para la segunda mitad de 2027, bajo el argumento de que este modelo servirá como factor disuasorio contra las redes de tráfico de personas.

Aunque el grueso de las disposiciones del reglamento entrará en vigor en un plazo de doce meses, los apartados relativos a la externalización de centros y el refuerzo de la cooperación con Frontex comenzarán a aplicarse de forma inmediata tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. La presidencia de turno del Consejo, ejercida por Irlanda, ha calificado la medida como un paso esencial para completar el Pacto de Migración y Asilo y garantizar la eficacia de la gestión fronteriza europea.