El Parlamento Europeo aprueba retirar la inmunidad a Alvise Pérez por presunta financiación irregular
El pleno del Parlamento Europeo ha votado favorablemente este martes a la suspensión de la inmunidad parlamentaria del eurodiputado Luis Alvise Pérez, líder de la agrupación Se Acabó La Fiesta (SALF). La decisión institucional permite que el Tribunal Supremo de España continúe con la instrucción judicial por presuntos delitos electorales y financiación irregular de su formación política durante la campaña de las pasadas elecciones europeas.
La votación, realizada a mano alzada por el conjunto del hemiciclo, ha respaldado el informe redactado por la eurodiputada francesa Pascale Piera, perteneciente a la Agrupación Nacional (RN). En dicho documento, la ponente argumentó que los hechos objeto de investigación se produjeron con anterioridad a que el representante de SALF adquiriera su condición de eurodiputado, descartando la existencia de un intento de perjudicar su actividad política actual a través de la vía judicial.
Esta es la segunda ocasión en el último mes que la Eurocámara autoriza un suplicatorio solicitado por el alto tribunal español contra Pérez. El pasado mes de noviembre, el pleno ya dio luz verde a la retirada de su protección parlamentaria para que pueda ser investigado por un presunto delito de acoso hacia la fiscal delegada contra delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert.
Tras la luz verde del Parlamento Europeo, el Tribunal Supremo recupera la capacidad plena para avanzar en las diligencias relativas a la estructura financiera de Se Acabó La Fiesta. La investigación se centra en esclarecer la legalidad de los fondos percibidos por la formación, bajo el criterio de que los cargos representativos no deben suponer un obstáculo para la acción de la justicia por actuaciones previas al ejercicio de su mandato.
El procedimiento administrativo y jurídico sigue de este modo los cauces establecidos para la cooperación entre las instituciones de la Unión Europea y el Poder Judicial de los Estados miembros, garantizando el cumplimiento de los procesos de instrucción penal iniciados en territorio nacional.
