La Fiscalía de Bolivia inicia proceso penal contra Evo Morales por el caso Hotel Las Américas

La Fiscalía General del Estado de Bolivia ha formalizado la apertura de un proceso penal contra el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera. La investigación se centra en los sucesos ocurridos en 2009 en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz, bajo los cargos de asesinato, vejaciones, torturas y privación de libertad.

El caso, impulsado por una denuncia presentada por el partido Alianza Libre, se tramitará bajo la modalidad de juicio de responsabilidades. En esta etapa, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) actuará en calidad de juez de garantías, supervisando las actuaciones del Ministerio Público para determinar la existencia de indicios punibles contra los exmandatarios.

Los hechos se remontan al 16 de abril de 2009, cuando una unidad de élite de la Policía boliviana realizó un operativo en el citado hotel para desarticular una presunta célula terrorista. La intervención se saldó con la muerte de tres personas y la detención de otras dos. En aquel momento, Evo Morales, quien se encontraba de viaje oficial en Venezuela, reconoció haber emitido la orden para la acción policial, mientras que García Linera fungía como presidente en ejercicio.

La apertura de este proceso responde a las presiones internacionales y locales tras el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El organismo determinó que el Estado boliviano incurrió en vulneraciones graves a los derechos humanos durante el operativo, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y torturas, lo que conlleva la obligación de investigar y resarcir a las víctimas, entre las que se encuentran familiares del ciudadano irlandés Michael Dwyer.

Según el procedimiento constitucional boliviano, si la Fiscalía halla elementos suficientes de culpabilidad, deberá remitir un requerimiento acusatorio a la Asamblea Legislativa Plurinacional. El Parlamento será el encargado de autorizar el juicio de responsabilidades, decisión que requiere la aprobación de una mayoría de dos tercios de sus integrantes.

Este nuevo frente judicial se suma a la compleja situación política de Morales, mientras el sistema judicial boliviano evalúa las responsabilidades penales de quienes encabezaron el Ejecutivo durante el operativo de 2009, en un caso que previamente había sido cerrado durante la gestión de Jeanine Áñez y que ahora vuelve al primer plano jurídico.