El Ministerio de Exteriores solicitó aclaraciones a Justicia por la instrucción que amplió el acceso a la nacionalidad
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación elevó una consulta formal a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia en relación con la instrucción técnica que rige la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. La solicitud de aclaración tuvo su origen en las advertencias de diversos cónsules españoles, quienes señalaron que la orden dictada a finales de 2022 por Sofía Puente —entonces titular de dicha dirección general— ampliaba el espectro de beneficiarios de la nacionalidad española más allá de los términos aprobados explícitamente por las Cortes Generales.
La controversia técnica se centra en la disposición adicional octava de la citada ley, conocida como la «ley de nietos». Según fuentes diplomáticas, la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares trasladó su preocupación ante una redacción que facilitaba la adquisición de la ciudadanía a descendientes de emigrantes económicos, cuando el texto legislativo original limitaba el derecho a aquellos que perdieron o renunciaron a la nacionalidad por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual durante el exilio. Pese a las reservas de la red consular, el Ministerio de Justicia se ratificó en el contenido de la instrucción, lo que obligó a los diplomáticos a su cumplimiento de acuerdo con la Ley del Registro Civil.
En el plano judicial, la asociación Hazte Oír ha interpuesto una querella contra Sofía Puente —actual alto cargo en el Ministerio de Justicia bajo la dirección de Félix Bolaños— por un presunto delito de prevaricación. Los querellantes sostienen que la instrucción administrativa operó una alteración de la voluntad del legislador mediante un «artificio gramatical» que eliminó la obligatoriedad de acreditar de forma personalizada la condición de exiliado. La querella subraya que, durante la tramitación parlamentaria de la ley, se rechazaron enmiendas que buscaban precisamente extender la nacionalidad a la emigración económica, un supuesto que finalmente fue incorporado vía administrativa a través de la instrucción cuestionada.
Los datos oficiales reflejan la magnitud del proceso administrativo derivado de esta normativa. Hasta la fecha, las oficinas consulares han gestionado más de 1,2 millones de expedientes físicos completos. De este volumen, los cónsules han emitido resoluciones favorables para 510.532 solicitudes, de las cuales 310.000 personas ya han completado su inscripción definitiva en el Registro Civil Consular. Este grupo ya dispone de estatus legal pleno, pasaporte español y ha sido incorporado de oficio al Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA).
El ritmo de nacionalizaciones se mantiene estable con aproximadamente 10.000 nuevas inscripciones mensuales. En consulados de alta demanda, como el de Buenos Aires —que concentra casi el 27% de los expedientes globales—, se tramitan miles de solicitudes bajo el criterio de presunción de exilio para quienes abandonaron España entre julio de 1936 y diciembre de 1955. La previsión administrativa sugiere que la cifra de nuevos ciudadanos españoles podría alcanzar los 600.000 antes de la finalización del plazo de vigencia de la norma en 2027.
