El Gobierno solicita la extinción judicial de la Fundación Francisco Franco por vulnerar la Ley de Memoria Democrática
El Ministerio de Cultura ha formalizado este martes la solicitud para la extinción judicial de la Fundación Nacional Francisco Franco, tras concluir el preceptivo proceso administrativo iniciado el pasado mes de junio. El titular de la cartera, Ernest Urtasun, ha confirmado el envío de un expediente a la Abogacía del Estado para que inste el cierre de la entidad ante los tribunales, fundamentando la decisión en que sus actividades constituyen una apología del franquismo y una humillación a las víctimas de la dictadura.
La resolución firmada por el ministro pone fin a la vía administrativa tras desestimar las alegaciones presentadas por la propia fundación. Según el Ejecutivo, los fines y actividades de la organización resultan contrarios al interés general, contraviniendo lo dispuesto tanto en la Ley de Memoria Democrática como en la normativa vigente sobre fundaciones. El proceso queda ahora supeditado a la decisión de un juzgado de primera instancia, que deberá determinar si procede la disolución definitiva de la entidad.
Durante la comparecencia ante los medios, Urtasun ha defendido la solidez del informe jurídico elaborado por el Protectorado Estatal de Fundaciones. «En una democracia sólida no puede haber espacio para organizaciones que vulneran la dignidad de las víctimas», ha señalado el ministro, quien ha remarcado que el expediente remitido es «riguroso y bien fundamentado». No obstante, el representante gubernamental ha reconocido que se prevé un proceso judicial complejo ante los posibles recursos que pueda interponer la defensa de la fundación.
Por su parte, la Fundación Francisco Franco ha sostenido en sus alegaciones que su permanencia está amparada por el derecho constitucional de asociación y ha negado que sus actividades supongan un menosprecio a las víctimas del régimen anterior. A pesar de estos argumentos, el informe de la Abogacía del Estado ha avalado la tesis de Cultura, considerando que la petición de extinción es conforme a derecho bajo el actual marco legislativo.
De forma paralela a la vía judicial para la extinción, el Ministerio de Cultura ha solicitado a la Abogacía del Estado que inicie los trámites para la recuperación de cerca de 30.000 documentos que actualmente obran en poder de la fundación. El Gobierno considera que estos archivos poseen un carácter público y deben integrarse en el patrimonio documental del Estado para su custodia y consulta.
Finalmente, el Ministerio ha informado de que esta actuación no es aislada. En cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, el departamento que dirige Urtasun se encuentra analizando la situación jurídica de otras entidades, como la Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Blas Piñar, la Fundación Ramón Serrano Suñer y la Fundación Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llano, con el fin de determinar si concurren causas similares para instar su disolución judicial.
