Extremadura recurre ante el Supremo el decreto estatal de acogida de menores extranjeros
La Junta de Extremadura ha formalizado la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 556/2026, de 30 de junio, norma que establece la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores extranjeros no acompañados en las comunidades autónomas. La presidenta del Ejecutivo regional, María Guardiola, ha suscrito la impugnación, que incluye una solicitud de suspensión cautelar de la normativa hasta que el Alto Tribunal dicte una resolución sobre el fondo del asunto.
El anuncio ha sido realizado este lunes por el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, quien ha precisado que el recurso será trasladado formalmente a la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de este martes. Con esta medida, Extremadura se suma a la ofensiva jurídica iniciada por otras administraciones autonómicas contra los criterios de reparto y capacidad de acogida fijados por el Gobierno central.
El núcleo del recurso se centra en la «arbitrariedad» de las cifras establecidas por el Ejecutivo de la nación. El Real Decreto asigna a Extremadura una capacidad de 364 plazas para la acogida de menores, una cantidad que, según Fernández Calle, se determinó «sin conocer los recursos económicos ni habitacionales» de la región. Desde la Junta sostienen que en el momento de la aprobación del decreto, la comunidad solo disponía de 14 plazas libres en su sistema de acogimiento.
La administración regional ha alertado de que el sistema de protección se encuentra «al borde del colapso». Según los datos proporcionados, la capacidad total de la región se sitúa en torno a las 130 plazas, las cuales no están destinadas exclusivamente a menores extranjeros, sino que cubren las necesidades de toda la población menor de edad en situación de desprotección, incluyendo a los de nacionalidad española. En este sentido, la Junta argumenta que la ocupación total de estas plazas por menores extranjeros imposibilitaría la prestación de servicios a otros menores vulnerables de la región.
Durante su comparecencia, el vicepresidente autonómico, en representación de Vox dentro de la coalición de gobierno, ha manifestado su firme oposición a las políticas migratorias vigentes. El Ejecutivo regional reclama que el Gobierno de España agote otras vías legales antes de proceder al reparto por el territorio nacional, señalando específicamente la ejecución del acuerdo bilateral con Marruecos para el retorno de los menores con sus familias en su país de origen.
Con esta acción judicial, la Junta de Extremadura busca paralizar la aplicación de un decreto que considera lesivo para los intereses y la capacidad operativa de los servicios sociales regionales. El recurso pretende que el Tribunal Supremo dictamine si el procedimiento de asignación de plazas se ajusta a derecho o si, por el contrario, vulnera las competencias y la sostenibilidad de los recursos públicos de la comunidad autónoma.
