El caso del presunto agresor de Hortaleza pone el foco en los criterios de la nueva regularización extraordinaria
La situación procesal de Mohamed R., investigado por la presunta violación de una menor de 14 años en el distrito madrileño de Hortaleza, ha generado un debate técnico sobre la aplicación de la nueva Regularización Extraordinaria 2026 aprobada por el Gobierno. El marco normativo, activado mediante Real Decreto para reformar el Reglamento de la Ley de Extranjería, establece que la existencia de antecedentes policiales no será un motivo de exclusión automática para los solicitantes de residencia, dejando la valoración de la amenaza al orden público a un criterio administrativo casuístico.
El investigado, que se encuentra en prisión provisional sin fianza desde octubre de 2025, ingresó en el sistema de protección español alegando tener 17 años. No obstante, pruebas radiológicas posteriores determinaron que su edad biológica se sitúa en torno a los 23 años. Durante su estancia en el centro de menores, y antes de la agresión sexual por la que se le investiga, Mohamed R. acumuló ocho detenciones policiales por delitos que incluyen robos con violencia, amenazas y atentado contra la autoridad, si bien carece de condenas firmes que computen como antecedentes penales.
La nueva normativa de extranjería estipula que la Administración valorará de forma «circunstanciada» si el individuo supone un riesgo para la seguridad ciudadana. Según el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la decisión final recaerá sobre funcionarios de Migraciones y no estrictamente sobre las fuerzas de seguridad. Esta ambigüedad normativa permitiría que perfiles en situación de prisión provisional puedan iniciar los trámites de regularización desde los centros penitenciarios, siempre que cumplan con los requisitos de permanencia previa al 1 de enero de 2026.
El Ministerio Fiscal ha manifestado su oposición a cualquier medida de beneficio administrativo para el investigado, subrayando un «riesgo evidente de reincidencia» y una total falta de arraigo en territorio nacional. El informe de la Fiscalía detalla que la actividad delictiva del sujeto ha mostrado un incremento en la violencia empleada, culminando en el ataque de agosto de 2025, donde la víctima fue hallada con signos de violencia tras la intervención policial motivada por los avisos de testigos presenciales.
Desde el ámbito profesional, sindicatos policiales como Jupol han expresado su preocupación por lo que consideran una «externalización» de las competencias de verificación de seguridad. La crítica se centra en que la validación de requisitos ha sido delegada parcialmente en personal administrativo de diversos organismos públicos, apartando a los especialistas en extranjería de la Policía Nacional de la evaluación crítica de los antecedentes de los solicitantes.
Además del criterio de seguridad, la regularización exige acreditar cinco meses de permanencia en el país y cumplir con supuestos de vinculación laboral, familiar o de vulnerabilidad. Fuentes jurídicas advierten de que la condición de solicitante de protección internacional o la situación de vulnerabilidad declarada podría ser una vía utilizada por perfiles con historiales policiales para intentar consolidar su estatus legal, ante la dificultad de la Administración para realizar exámenes exhaustivos de cada expediente debido al volumen de solicitudes previsto.
