La Federación Catalana de Fútbol (FCF) tuvo conocimiento de la investigación de la Agencia Tributaria sobre José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), 16 meses antes de que el caso trascendiera a la opinión pública. Según consta en la documentación del sumario judicial, el organismo federativo catalán recibió y respondió a un requerimiento de Hacienda en octubre de 2021, bajo la presidencia de Joan Soteras.
El requerimiento de información fue notificado a la FCF el 14 de octubre de 2021 y obtuvo respuesta apenas un día después, el 15 de octubre. Esta cronología coincide con las actuaciones realizadas ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que recibió una solicitud de datos similar en las mismas fechas. Ambos organismos conocieron el interés de la Agencia Tributaria por las actividades de Negreira mucho antes del estallido mediático del caso en febrero de 2023.
En su respuesta inicial a las autoridades fiscales, la Federación Catalana negó la existencia de contratos con Enríquez Negreira entre los años 2016 y 2019, asegurando que este no ocupaba cargo alguno en su organigrama. No obstante, las investigaciones posteriores de la Agencia Tributaria identificaron una relación de facturas pagadas por la federación autonómica al exdirigente arbitral durante dicho periodo.
Posteriormente, el organismo federativo reconoció ante la sede judicial que contó con los servicios de asesoramiento de Negreira tras la rescisión de su contrato con el FC Barcelona en 2018. Según los informes de la Guardia Civil incluidos en la instrucción, el exvicepresidente del CTA prestaba servicios de consultoría sobre la promoción de árbitros catalanes hacia el ámbito profesional, evaluando si los colegiados reunían las condiciones técnicas necesarias.
Esta información se encuentra recogida en el denominado informe «Pelícano 2.0», un documento que analiza las posibles incoherencias entre las explicaciones públicas de los directivos federativos y la realidad de los requerimientos de inspección. Dicho informe está siendo examinado actualmente por los organismos rectores del fútbol internacional, FIFA y UEFA, en el marco de sus propias investigaciones sobre la integridad de las competiciones españolas.
La investigación judicial principal busca determinar si los pagos efectuados por el FC Barcelona a Negreira, que ascendieron a 8,4 millones de euros entre 2001 y 2018, constituyen un delito de corrupción deportiva. El papel de las federaciones territoriales y nacionales es clave en el proceso, debido a su responsabilidad en la gestión del estamento arbitral y su obligación de colaborar con la administración en la fiscalización de flujos financieros.
A pesar de que el entonces secretario general de la RFEF, Andreu Camps, declaró en rueda de prensa en 2023 que los requerimientos de 2021 no mencionaban específicamente a ninguna persona bajo investigación, la documentación del sumario indica que las consultas de Hacienda identificaban nominalmente a Enríquez Negreira. El proceso continúa su curso en los tribunales para esclarecer el alcance de estas relaciones contractuales en el seno del fútbol español.
