Feijóo cifra en 1.000 millones el coste del apagón y señala a cuatro responsables en el Gobierno
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este martes el impacto económico del corte de suministro eléctrico ocurrido hace un año, calificándolo como el «mayor apagón de Europa». Según los datos facilitados por el líder de la oposición, la interrupción del servicio ha supuesto un coste total de 1.000 millones de euros para los consumidores, reflejado directamente en la factura eléctrica de los ciudadanos.
A través de una declaración pública y una jornada informativa organizada por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Feijóo ha señalado directamente a cuatro figuras clave en la gestión energética del país. El dirigente ha identificado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; a la exvicepresidenta Teresa Ribera; a la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen; y a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, como responsables de lo sucedido, lamentando que, tras doce meses, no se haya producido «ninguna dimisión».
Feijóo ha sostenido que el colapso del sistema eléctrico, fechado el 28 de abril de 2025, no respondió a factores accidentales o imprevisibles. Según el análisis presentado por el Partido Popular, el suceso fue el resultado de una «política energética ideologizada» y «desconectada de las leyes de la física». Para el jefe de la oposición, lo ocurrido fue una «cascada de errores» que los gestores públicos no quisieron prever en su momento.
Como argumento técnico, el líder del PP ha subrayado que el mix energético cambió de forma radical apenas un día después del apagón, a pesar de que las condiciones meteorológicas se mantuvieron idénticas. Esta circunstancia constituye, a su juicio, la «prueba irrefutable» de que la gestión operativa fue la causa del fallo sistémico y no factores externos incontrolables.
La intervención parlamentaria de Feijóo se enmarca en la estrategia de fiscalización del Ejecutivo en materia de transición ecológica y seguridad de suministro. Desde las filas populares se insiste en que la política energética actual supone un riesgo de vulnerabilidad para el sistema nacional, reiterando la necesidad de depurar responsabilidades políticas por las consecuencias económicas sufridas por los usuarios durante el último año.
