Feijóo cuestiona el rechazo del Gobierno de España al nuevo Reglamento de Retornos de la Unión Europea
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este jueves la posición adoptada por el Gobierno de España en el consejo de ministros de Interior de la Unión Europea tras votar en contra del nuevo Reglamento de Retornos. La norma, que busca endurecer la política migratoria común y facilitar la externalización de centros de deportación en terceros países, ha contado con el respaldo de la gran mayoría de los Estados miembros, a excepción del voto negativo de España y la abstención de Bélgica.
El acuerdo alcanzado en Luxemburgo consolida un marco jurídico para trasladar a inmigrantes que no tienen derecho a asilo a centros situados fuera del territorio de la Unión Europea mientras se tramita su expulsión. El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, ha justificado el rechazo del Ejecutivo al considerar que existen dudas razonables sobre la compatibilidad de estos centros externos con el Derecho europeo y los tratados internacionales de derechos humanos.
Núñez Feijóo ha calificado la postura del Ejecutivo de Pedro Sánchez como una «irresponsabilidad reincidente». A través de sus canales oficiales, el presidente del PP ha lamentado que España sea el único país en votar en contra de una medida que, a su juicio, Europa exige y el país necesita. Feijóo ha vinculado esta decisión con la presión migratoria que sufre la ciudad autónoma de Ceuta, señalando que el Gobierno central se desmarca de los instrumentos que la Unión Europea pone en marcha para gestionar los flujos irregulares.
En la misma línea se ha pronunciado la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, quien ha subrayado que el nuevo Reglamento permite vetar la entrada de forma permanente a aquellas personas que supongan un peligro para la seguridad. Ezcurra ha criticado que Marlaska haya sido el único ministro de Interior de la UE en oponerse a una normativa diseñada para asegurar que quienes no tienen derecho a permanecer en suelo comunitario sean retornados de forma efectiva.
Con esta aprobación, la Unión Europea avanza en la implementación de una política migratoria más restrictiva que prioriza la agilización de las devoluciones. Por su parte, el Gobierno de España mantiene su reserva frente a los modelos de externalización, argumentando la necesidad de preservar las garantías jurídicas y humanitarias en el proceso de retorno de ciudadanos extranjeros a terceros países.
