El Gobierno aprueba el refuerzo de la transparencia salarial para combatir la brecha de género
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una nueva normativa destinada a fortalecer el derecho a la información de los trabajadores sobre las condiciones esenciales de sus contratos y a mejorar los mecanismos de detección y reparación de la brecha retributiva. La norma, que transpone la Directiva europea 2023/970, introduce cambios significativos en los procesos de contratación y en el acceso a la información salarial dentro de las empresas, con el objetivo de garantizar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado tras la reunión del gabinete que esta medida supone el fin del «secreto salarial» en el ámbito empresarial. Entre las novedades principales destaca la inclusión de la «indemnity expresa», una garantía legal que protege a los empleados contra cualquier tipo de represalia, sanción o trato desfavorable derivado de la reclamación de sus derechos laborales, ya sea por vía judicial o extrajudicial.
Transparencia desde el proceso de reclutamiento
La reforma extiende las exigencias de transparencia a la fase de acceso al empleo. A partir de la entrada en vigor de la norma, las empresas estarán obligadas a informar a los candidatos sobre la retribución inicial o la banda salarial prevista para el puesto ofertado. Asimismo, queda expresamente prohibido que los empleadores pregunten a los aspirantes por su historial salarial previo, una medida diseñada para evitar que las desigualdades acumuladas en la trayectoria profesional de las mujeres se perpetúen en nuevas contrataciones.
En el seno de las organizaciones, los trabajadores tendrán derecho a conocer los niveles retributivos medios, desglosados por sexo, de quienes desempeñen trabajos de igual valor. La normativa aclara que esta transparencia no implica la publicación de sueldos individuales, sino el acceso a los criterios utilizados para fijar salarios, complementos y promociones, facilitando así la identificación de diferencias retributivas que carezcan de justificación objetiva.
Endurecimiento del régimen sancionador
Para asegurar el cumplimiento de estas disposiciones, el Ejecutivo ha actualizado el régimen sancionador en el orden social. Los incumplimientos en materia de información sobre condiciones laborales e igualdad retributiva han sido tipificados con mayor rigor. Las infracciones consideradas graves podrán acarrear multas de hasta 7.500 euros, reforzando la respuesta administrativa frente a conductas discriminatorias y la falta de transparencia en la política salarial de las compañías.
Esta iniciativa legislativa amplía las obligaciones ya vigentes en España, como el registro retributivo obligatorio y las auditorías salariales para empresas con planes de igualdad. El Gobierno ha acelerado la tramitación de esta reforma antes de la cita electoral del 29 de noviembre, cumpliendo con el plazo de transposición de la normativa europea que busca la igualdad salarial por trabajos de igual valor en todos los Estados miembros.
Contexto de la brecha salarial en España
La aprobación del real decreto-ley se produce en un marco donde las estadísticas oficiales reflejan una persistente disparidad económica. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2024, las mujeres percibieron un salario medio bruto mensual de 2.163 euros, frente a los 2.593 euros de los hombres. Esta diferencia sitúa los ingresos femeninos en aproximadamente el 83 % de los masculinos, evidenciando una brecha estructural que la nueva norma pretende reducir.
Al tratarse de un real decreto-ley, el texto deberá ser remitido al Congreso de los Diputados para su correspondiente debate y convalidación. La norma entrará en vigor de manera inmediata tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque su permanencia en el ordenamiento jurídico dependerá del respaldo de la Cámara Baja en las próximas semanas.


