El Consejo de Política Fiscal y Financiera somete a votación el nuevo modelo de financiación bajo una profunda división territorial
El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se reúne este viernes para abordar la votación del nuevo plan de financiación autonómica propuesto por el Ministerio de Hacienda. La convocatoria, aplazada desde el pasado mes de julio, se produce en un escenario de fragmentación institucional, donde la propuesta del Gobierno central cuenta con el rechazo de la mayoría de las comunidades autónomas de régimen común, incluidas dos regiones gobernadas por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
A pesar del clima de oposición generalizada, el Ejecutivo que dirige el ministro de Hacienda, Arcadi España, dispone de una posición aritmética favorable para la aprobación del trámite. Al ostentar el Gobierno central el 50% de la capacidad de voto en el seno del Consejo, solo requiere el apoyo de una comunidad autónoma para validar el modelo. En este contexto, se prevé que Cataluña —bajo la presidencia de Salvador Illa— y Canarias —en defensa de su singularidad ultraperiférica— aporten los votos necesarios para trasladar el acuerdo al Consejo de Ministros y, posteriormente, a las Cortes Generales.
La jornada estará marcada por la ausencia de la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional presidido por Isabel Díaz Ayuso ha optado por el boicot institucional, alegando que el modelo ha sido pactado de manera bilateral fuera de los órganos multilaterales. Desde la Puerta del Sol se sostiene que el acuerdo debilita el principio de equidad y que la única vía para frenar su materialización hubiese sido la falta de quórum en la sesión de este viernes, una postura que ha sido criticada por el Gobierno central.
La oposición al modelo trasciende las siglas del Partido Popular. Las administraciones socialistas de Castilla-La Mancha y el Principado de Asturias han manifestado su disconformidad con el texto propuesto. El Ejecutivo castellanomanchego, liderado por Emiliano García-Page, denuncia que el plan ha sido consensuado con una única formación política y un solo territorio, lo que a su juicio vulnera la igualdad entre españoles. Por su parte, el gobierno asturiano de Adrián Barbón califica la propuesta de «injusta» al considerar que el cálculo de la población ajustada no compensa adecuadamente factores estructurales como el envejecimiento poblacional o la orografía del territorio.
Desde la dirección nacional del Partido Popular, el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha tildado la propuesta de «antimodelo», vinculándola a la necesidad de estabilidad parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez. El bloque crítico subraya, asimismo, la complejidad técnica de implementar un nuevo reparto financiero en ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado actualizados, cuestionando la viabilidad de los fondos que se pretenden comprometer.
De superar la votación en el CPFF, el modelo de financiación iniciará su recorrido administrativo hacia la mesa del Consejo de Ministros. Este paso es el requisito previo para el inicio del trámite parlamentario, donde la propuesta deberá enfrentarse de nuevo a la aritmética de una legislatura marcada por las exigencias de los socios de investidura y la resistencia de los barones regionales de distinto signo político.
