La Fiscalía General del Estado dicta pautas para supervisar la acogida de menores extranjeros en las comunidades autónomas
La fiscal de sala coordinadora de Menores, Teresa Peramato, ha dictado un nuevo decreto que establece pautas de actuación para los integrantes del Ministerio Fiscal con el objetivo de asegurar la protección de los menores extranjeros no acompañados. La instrucción técnica busca garantizar la recepción efectiva de estos jóvenes en las diferentes comunidades autónomas bajo criterios de bienestar superior del menor ante situaciones de contingencia migratoria extraordinaria.
El documento emitido por la Fiscalía General del Estado estipula mecanismos de supervisión estrictos en los procesos de reubicación. Según la disposición, en los casos en que las administraciones autonómicas de destino manifiesten reticencias o rechacen la recepción inmediata de los menores, el fiscal de origen tendrá la obligación de informar formalmente a su homólogo en el lugar de destino. Esta comunicación deberá incluir una copia de la resolución de traslado y el detalle de las alegaciones de rechazo o dilación presentadas por la administración regional afectada.
La finalidad de esta medida es armonizar la actuación de las fiscalías delegadas de menores, tanto en los puntos de origen como en los de destino, para evitar vacíos en la tutela efectiva. El Ministerio Público subraya que la coordinación institucional es imperativa para dar cumplimiento a las obligaciones de protección que el ordenamiento jurídico nacional e internacional otorga a los menores de edad que se encuentran solos en territorio español.
La publicación de este decreto se produce tras las tensiones políticas registradas en las últimas semanas entre el Gobierno central y diversos ejecutivos autonómicos. Algunos gobiernos regionales han expresado dificultades técnicas y logísticas para asumir nuevos contingentes de menores tras los repuntes en las llegadas a las fronteras terrestres y marítimas, lo que ha motivado la intervención de la Fiscalía para clarificar el marco de actuación de los fiscales ante posibles incumplimientos en los traslados acordados.
Desde la Fiscalía General se insiste en que estas pautas actúan como una salvaguarda procedimental para asegurar que el bienestar de los menores no se vea comprometido por demoras administrativas. El organismo refuerza así su función de vigilancia sobre las administraciones públicas, recordando que la protección de la infancia en situación de vulnerabilidad es una competencia de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas.
