La Fiscalía de Menores aprecia indicios de delito en dos compañeras de la joven que se suicidó en Sevilla
La Fiscalía de Menores de Sevilla ha finalizado la instrucción contra dos de las tres menores investigadas por el presunto acoso a Sandra Peña, la joven de 14 años que se suicidó el 14 de octubre de 2023. Tras analizar los hechos, el Ministerio Público ha apreciado indicios de la comisión de dos posibles delitos en relación con el trato recibido por la víctima en su entorno escolar.
En sus conclusiones provisionales, el Ministerio Público considera que existen fundamentos para imputar a las dos compañeras de clase delitos contra la integridad moral y lesiones psíquicas. Según el escrito de acusación, estas calificaciones se basan en el trato degradante que las investigadas habrían dispensado a la menor y las repercusiones directas que dichas conductas tuvieron en su salud mental.
El avance procesal se produce tras el reciente archivo penal de la querella que la familia de la víctima había interpuesto contra el centro educativo Irlandesas Loreto de Sevilla. En dicha demanda, los padres señalaban al director, la jefa de estudios y la tutora por presuntos delitos de homicidio por imprudencia, lesiones psíquicas y trato degradante. Sin embargo, la justicia acordó el sobreseimiento de estas actuaciones.
El auto judicial que archivó la causa contra el colegio argumenta que los responsables del centro adoptaron medidas para combatir la situación de acoso detectada. La juez dictaminó que no era legalmente exigible que el personal docente controlara a la menor en todo momento para evitar el suicidio, si bien el texto jurídico matiza que los garantes de la integridad emocional de los alumnos no actuaron con la agilidad que el caso requería.
Ante esta resolución, la familia de Sandra Peña ha reiterado su malestar por lo que consideran una «multitud de errores» cometidos por la institución educativa. Según sostienen los allegados de la joven, el colegio no llegó a abrir el protocolo oficial de actuación frente al acoso escolar, lo que habría derivado en una falta de protección efectiva hacia la menor.
Finalmente, los representantes legales de la familia han solicitado a la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía una intervención «contundente y ejemplarizante». La petición busca depurar responsabilidades administrativas ante la presunta inacción institucional denunciada por los progenitores, quienes mantienen que el sistema educativo falló en su deber de protección de la joven sevillana.
