La denuncia presentada por la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) contra la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y otros cuatro miembros de la Mesa de la Cámara, se encuentra actualmente paralizada a la espera de un informe preceptivo de la Fiscalía. Cuatro meses después de que el colectivo acudiera al Tribunal Supremo por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa por omisión, el Ministerio Público aún no se ha pronunciado sobre la admisión a trámite de la querella.
El núcleo del conflicto reside en el bloqueo de dos iniciativas legislativas que proponen la exención fiscal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de las ayudas percibidas por los afectados. Se trata, concretamente, de una Proposición de Ley remitida por el Senado y otra presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Según los denunciantes, la Mesa del Congreso, mediante sucesivas prórrogas de los plazos de enmiendas, impide que estas normas sigan su curso parlamentario ordinario para su aprobación definitiva.
La querella se dirige, además de contra la presidenta Armengol, contra el vicepresidente primero, Alfonso Gómez de Celis; la vicepresidenta tercera, Esther Gil; el secretario primero, Gerardo Pisarello; y la secretaria segunda, Isaura Leal. Los denunciantes sostienen que la mayoría que ostentan estos miembros en el órgano de gobierno de la Cámara está siendo utilizada para paralizar iniciativas de «extraordinaria simplicidad» técnica, lo que motiva la acusación de prevaricación por vía de omisión.
Este procedimiento jurídico se apoya en los precedentes establecidos por el Tribunal Constitucional. Recientemente, el Alto Tribunal estimó un recurso de amparo contra el Congreso al determinar que la Mesa había obstruido el procedimiento legislativo de un Real Decreto Ley mediante el uso indebido de prórrogas sistemáticas. En aquella sentencia, el Constitucional consideró que se vulneró el derecho de participación política y señaló el uso de mecanismos reglamentarios para imposibilitar la tramitación de enmiendas y leyes.
Desde Avite han manifestado su preocupación ante el retraso en el informe de la Fiscalía, señalando que esta dilación técnica impide al Tribunal Supremo decidir si asume o rechaza la denuncia. El colectivo recuerda que, en casos similares denunciados por otros grupos parlamentarios, los plazos de enmiendas llegaron a prorrogarse hasta en 70 ocasiones, una práctica que el Tribunal Constitucional calificó de obstaculizadora para la función legislativa.
En este contexto de parálisis institucional, los afectados por la talidomida se han integrado en el Frente Cívico por la Calidad Democrática. Esta plataforma agrupa a diversos sectores y colectivos —como afectados por la Ley de Costas, funcionarios de prisiones o el sector de la imagen personal— que denuncian encontrarse en una situación idéntica de bloqueo legislativo en la Cámara Baja. El objetivo de este frente es presionar a los órganos de gobierno del Congreso para que se desbloqueen las normativas que afectan a sus derechos sociales y económicos.
