La Fiscalía investiga a CAF por su implicación en el Tren Ligero de Jerusalén tras una denuncia de organizaciones sociales
La Fiscalía General del Estado ha decidido incorporar a sus diligencias de investigación una denuncia interpuesta por seis organizaciones sociales contra la empresa ferroviaria vasca Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF). La investigación se centra en la participación de la compañía en la construcción, explotación y mantenimiento del Tren Ligero de Jerusalén, infraestructura que conecta asentamientos israelíes en territorios ocupados de Jerusalén Este.
Según han informado fuentes del Ministerio Público, la Unidad de Derechos Humanos ha analizado la documentación presentada por las entidades denunciantes y ha acordado integrarla en las investigaciones preprocesales abiertas el pasado año en la Audiencia Nacional. Dichas diligencias rastrean presuntas violaciones del derecho internacional en el marco del conflicto en Gaza y Cisjordania, en cumplimiento de las obligaciones de cooperación con la Corte Internacional de Justicia y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
La denuncia, formalizada el pasado 18 de febrero por organizaciones como NOVACT, la Comunitat Palestina de Catalunya y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, entre otras, se dirige específicamente contra el Consejo de Administración de CAF y directivos de seis de sus filiales. El texto jurídico les atribuye una presunta contribución a crímenes de guerra, basándose en el traslado y asentamiento de población de la potencia ocupante en territorio ocupado, así como en el mantenimiento de prácticas de segregación racial.
De acuerdo con la coalición de entidades, representadas por el Centro Guernica 37, la actividad de la empresa vasca es «estructural e indispensable» para el funcionamiento del tranvía. Sostienen que el proyecto contribuye a la consolidación de la anexión de Jerusalén Este y a la expansión de los asentamientos, los cuales son considerados ilegales bajo el derecho internacional. La denuncia señala que estas acciones podrían vulnerar la Cuarta Convención de Ginebra de 1949, que prohíbe de forma taxativa el traslado de población civil propia a territorios bajo ocupación.
En el plano técnico, el escrito detalla que CAF participa desde el año 2019 en la ampliación de la Línea Roja y en la construcción de la nueva Línea Verde del sistema de transporte. Según los datos aportados por los denunciantes, el 83% del trazado de la Línea Roja y el 94% de la Línea Verde dan servicio a asentamientos israelíes, mientras que los barrios palestinos apenas cuentan con ocho de las 66 estaciones proyectadas en el sistema global.
La compañía vasca opera a través de la empresa conjunta LAVI Light Rail O&M, de la que posee el 50% de la participación, y mantiene contratos de gestión que oscilan entre los 15 y los 25 años. Además de la obra civil, la empresa se encarga del suministro de convoyes, la señalización y los sistemas de comunicación. Este contrato, adjudicado en 2019 por el Gobierno de Israel tras una licitación internacional, ya generó en su momento el rechazo del propio Comité de Empresa de CAF y diversas críticas de organismos internacionales y relatores de Naciones Unidas.
Las organizaciones demandantes subrayan que, aunque las infraestructuras se localicen en el extranjero, CAF tiene su sede social y sus centros de decisión estratégica en España. Por este motivo, defienden que el Estado español tiene la competencia y la obligación legal de ejercer jurisdicción sobre las actividades de la compañía para asegurar el cumplimiento del derecho internacional humanitario y las convenciones de derechos humanos suscritas por el país.
