VALENCIA. La Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana ha acordado la apertura de diligencias de investigación preprocesal para esclarecer si se produjo una presunta filtración de información reservada por parte de una representante del Ministerio Fiscal al diputado de Vox en Les Corts, David Muñoz. El procedimiento se inicia tras la denuncia interpuesta por el PSPV-PSOE por un posible delito de revelación de secretos, motivada por una conversación captada por un micrófono abierto el pasado mes de julio.
Los hechos bajo investigación tuvieron lugar durante un receso de la comisión de Presupuestos de las cortes autonómicas. En ese contexto, un sistema de grabación registró un intercambio entre los parlamentarios de Vox David Muñoz y Jesús Albiol. Muñoz aludió a una intervención previa de la diputada socialista Alicia Andújar sobre una operación de la Guardia Civil en Nules relacionada con la trata de seres humanos, afirmando poseer información privilegiada proporcionada, presuntamente, por una fiscal.
El decreto firmado por el fiscal superior de la Comunitat Valenciana acepta la inhibición del expediente que fue remitido inicialmente por la Fiscalía Provincial. La competencia recae en el órgano superior dado que, según el artículo 73.3.b de la Ley Orgánica del Poder Judicial, corresponde al Tribunal Superior de Justicia la instrucción y fallo de causas penales contra miembros del Ministerio Fiscal por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo en el ámbito autonómico.
De forma paralela a la vía penal, la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado acordó a finales del mes pasado la incoación de un expediente gubernativo. Esta medida administrativa busca determinar la existencia de irregularidades en el tratamiento de información reservada procedente del Ministerio Fiscal y su posible traslado al diputado valenciano.
Desde el grupo parlamentario socialista, su portavoz ha calificado las afirmaciones como «muy graves», señalando que la posesión de información sobre procedimientos bajo secreto podría haber sido utilizada para interferir en procesos de regularización migratoria. El PSPV sostiene que es imperativo determinar si existió un acceso indebido a datos sensibles que afectaban a la instrucción del caso desarrollado en la provincia de Castellón.
Por su parte, la dirección del grupo parlamentario Vox en Les Corts ha declinado valorar el contenido de la conversación. Su síndico, José María Llanos, enmarcó los comentarios en el ámbito de las «anécdotas e ironías» y acusó al PSPV de intentar generar «cortinas de humo» para desviar la atención de otros asuntos de actualidad política. La formación mantiene que se trata de cuestiones conocidas por los actores jurídicos y descarta cualquier irregularidad en el proceder de su diputado.
La Fiscalía Superior ha designado ya a un fiscal instructor para practicar las actuaciones necesarias que permitan determinar la tipicidad de los hechos denunciados y si estos constituyen un quebrantamiento del deber de sigilo que rige las actuaciones del Ministerio Público.
