La Fiscalía Europea investiga el mayor contrato de pulseras antimaltrato adjudicado por el Ministerio de Igualdad en 2023
La Fiscalía Europea, en colaboración con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha iniciado una investigación sobre la licitación y adjudicación del contrato de pulseras telemáticas para el control de medidas de alejamiento, valorado en 42,6 millones de euros. El expediente fue tramitado por el Ministerio de Igualdad bajo la dirección de Irene Montero mediante un procedimiento de urgencia iniciado apenas tres días antes de las elecciones generales del 23 de julio de 2023.
Las diligencias judiciales se centran en un presunto fraude que afectaría a fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea. Del total del presupuesto adjudicado a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Vodafone España y Securitas Seguridad España, aproximadamente 4,6 millones de euros proceden de financiación comunitaria destinada específicamente a la adquisición y mantenimiento de los dispositivos técnicos.
El contrato representa la mayor operación económica realizada durante la etapa de Montero al frente del departamento de Igualdad. La licitación se publicó oficialmente el 20 de julio de 2023, permitiendo que el proceso administrativo avanzara antes de que el Ejecutivo entrara en situación de interinidad tras los comicios. La adjudicación definitiva se aprobó el 10 de octubre y la formalización tuvo lugar el 6 de noviembre, solo quince días antes del traspaso de cartera a la actual ministra, Ana Redondo.
Uno de los puntos clave analizados por los investigadores es la justificación de la vía de urgencia empleada para la contratación. Según los antecedentes del servicio, adjudicado previamente a Telefónica en 2021, la cobertura técnica para el seguimiento de maltratadores estaba garantizada hasta febrero de 2024. No obstante, el Ministerio optó por acelerar la nueva licitación, que incorporaba por primera vez el seguimiento de medidas de alejamiento en el ámbito de la violencia sexual.
El Tribunal de Cuentas ya había señalado previamente ciertas deficiencias administrativas y técnicas en la resolución del concurso. En el informe de valoración, la propuesta de la UTE adjudicataria obtuvo una puntuación de 3,6 sobre 10 en el apartado relativo al plan de transición del servicio, donde se detectaron carencias en la planificación y previsión de contingencias. A pesar de presentarse dos ofertas iniciales, la firma Buddi Limited se retiró del proceso, dejando a la alianza de Vodafone y Securitas como única opción efectiva para la adjudicación.
En el marco de las actuaciones, agentes de la UCO han acudido a las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas para recabar documentación detallada sobre el expediente. Desde el actual Ministerio han confirmado la solicitud de información y han manifestado su total disposición a colaborar con las autoridades europeas para esclarecer cualquier irregularidad en el uso de los fondos destinados a la protección de las víctimas.


